Inmersas como están en la acuciante búsqueda de más recursos económicos para financiar sus proyectos, muchas comunidades autónomas todavía no se han preguntado si el nuevo sistema de financiación será permanente o si lo podrán renegociar en unos años si no colma sus necesidades. Sin embargo, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ya ha dado respuesta a ese interrogante: el modelo que debe entrar en vigor el próximo año será "longevo, tendrá una vida larga". Será, en suma, el definitivo. Según Ocaña, incluirá algunos "mecanismos de ajuste", pero ya no será necesario reabrir la negociación con las autonomías "cada poco tiempo" para revisar las condiciones.

En declaraciones a este diario, el número dos del vicepresidente económico, Pedro Solbes, recuerda que el modelo actualmente en vigor, aprobado por el Gobierno de José María Aznar, "se definió como permanente, pero al carecer de mecanismos de ajuste a los pocos años se ha planteado la necesidad de reformarlo". Lo que hizo el Ejecutivo del PP en el 2001 fue suprimir, contra el criterio del PSOE, la cláusula de la ley de financiación autonómica (LOFCA) que fijaba en cinco años el periodo de vigencia del sistema. Mandato legal que brindaba la oportunidad a las autonomías de negociar su mejora al expirar ese plazo.

EL AUMENTO DE POBLACION Ahora Ocaña, que ya ha entablado las primeras conversaciones con los consejeros autonómicos de Economía para perfilar la oferta de financiación que el Gobierno pondrá sobre la mesa el próximo mes de junio, adelanta que el sistema será "flexible" e incorporará mecanismos para afrontar "las sorpresas que pueda deparar el futuro".

El secretario de Estado cita como ejemplo las tensiones financieras motivadas por el importante aumento de población experimentado por autonomías receptoras de inmigrantes. "Hay que hacer alguna corrección para reflejar mejor la distribución de la población de los costes", reconoce Ocaña.

El responsable de Hacienda, en sintonía con los mensajes lanzados por el vicepresidente Solbes y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advierte a las comunidades autónomas de que el Estado mantendrá al menos el 50% de los ingresos porque asume ese mismo porcentaje del gasto público: un 30% para pagar las pensiones y el 19,5% restante, para sufragar los servicios que la Administración central presta a los españoles. Además, Ocaña sostiene que, al no haber "traspasos competenciales pendientes" a las autonomías, "puede haber un ajuste en la aportación estatal" al sistema de financiación, pero "no tiene sentido transferir una cantidad importante". Contra el criterio expresado por numerosos presidentes autonómicos, el secretario de Estado niega que el Estado esté sobrefinanciado.

GASTAR Y TAMBIEN RECAUDAR "Las administraciones que gastan deben tener la responsabilidad de ingresar", apunta Ocaña en defensa de una mayor corresponsabilidad de las autonomías en el sistema de financiación. El establecimiento de "espacios fiscales" propios les permitirá subir o bajar sus impuestos.

Al tiempo, Ocaña garantiza que el nuevo modelo será "más transparente" que el actual, pues se conocerá cuál será la previsible evolución de los ingresos correspondientes a cada una de las comunidades.