El Gobierno no comparte el veto de EEUU a la venta de material militar español a Venezuela y sostiene que el contrato suscrito con Hugo Chávez se cumplirá mediante la utilización de tecnología alternativa a la estadounidense. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Fernández de la Vega, respondió ayer así a la decisión de Washington de denegar el uso de licencias tecnológicas en los 12 aviones de CASA contemplados en el contrato de 1.700 millones de euros, que incluye además el suministro de ocho corbetas.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega alegó que los aparatos en cuestión son "aeronaves de transporte sin carácter ofensivo", y subrayó que el contrato firmado el 28 de noviembre en Caracas generará empleo a cerca de 1.000 trabajadores en España en un sector "tan importante y castigado" como los astilleros y la construcción aeronáutica.
El jueves, el embajador de EEUU en Madrid, Eduardo Aguirre, transmitió la posición de su Gobierno a los ministros de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y Defensa, José Bono. Fundamentó la denegación de las licencias en que el presidente venezolano "ha socavado sistemáticamente las instituciones democráticas, presionado a los medios de comunicación y a la oposición política e incrementado su modelo de autocracia". Asimismo, argumentó que las acciones y declaraciones de Chávez fomentan la "inestabilidad regional", por lo que el plan de venta podría "complicar la situación".
De la Vega expresó el desacuerdo del Gobierno con los motivos esgrimidos por "la Administración de Bush" y señaló que la tecnología estadounidense de los aviones CASA podría ser sustituida por otras similares.
A diferencia de la vicepresidenta, que atribuyó la decisión a la Casa Blanca, Exteriores argumentó que el veto de las licencias había partido de las compañías estadounidenses involucradas en la operación. El departamento que encabeza Moratinos recibió de inmediato un desmentido de un portavoz de la embajada de EEUU, que recalcó que la decisión partió "del Gobierno estadounidense". Por lo tanto, se trata de una decisión política más que empresarial.
El PP apoyó el veto de Washington, con el argumento de que Chávez es un "exportador de inestabilidad". El mandatario venezolano, por su parte, denunció el "atropello imperialista" de EEUU y confió en que el contrato con España se cumpla.
