La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de autorizar que Iniciativa Internacionalista (II) se presente a las elecciones europeas del 7 de junio no pilló por sorpresa al Gobierno, cuyos servicios jurídicos ya habían advertido de que las pruebas para ilegalizar a esa formación no eran tan contundentes como en otros casos. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el Ejecutivo no puede más que acatar y respetar la decisión del tribunal, aunque alertó de que seguirá estando "vigilante" para evitar que se burle la ley.

Fuentes jurídicas explicaron que el Constitucional ha tomado su decisión teniendo en cuenta la "escasa trascendencia" de los comicios y con un ojo puesto en el Tribunal Europeo de Estrasburgo, ya que teme que las ilegalizaciones de las listas aberzales no sean secundadas, un extremo que supondría un varapalo his- tórico a la democracia española y el reforzamiento inevitable de las posiciones radicales. El hecho de que sea la primera vez que el Constitucional acepta un recurso presentado por una candidatura puesta en duda por el Ejecutivo demuestra que no se hace un seguidismo de sus decisiones y de las de la fiscalía, explican esas mismas fuentes.

VIA PENAL IMPOSIBLE Ahora es casi imposible lograr la supresión de II por la vía penal, salvo si se consigan pruebas relevantes. En este sentido, De la Vega insistió en que el Gobierno va a seguir "vigilante" por si se produce "alguna actuación que pueda inducir al fraude". Sobre todo, dicen fuentes del Ejecutivo, se vigilarán con lupa los actos electorales en el País Vasco.

Varios representantes de la candidatura aberzale ofrecieron ayer una rueda de prensa en Madrid para celebrar públicamente la decisión del alto tribunal y que la campaña "orquestada" por el Gobierno haya fracasado. Luis Ocampo --que ejerció de portavoz de II en ese acto y que concurrirá a las elecciones en el número 22 en la lista-- pidió la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por haber organizado esa supuesta campaña y no haber conseguido imponer sus "tesis jurídico-políticas".

En el turno de preguntas, Ocampo evitó condenar la violencia de ETA por considerar que es un planteamiento "simplista". "Cuando hay un problema real que lleva décadas sin resolverse y detrás del cual están sectores importantísimos de un pueblo, esas cuestiones no se pueden resolver con un sí o un no si se quieren resolver de verdad. Si se quieren resolver de verdad, no se puede responder con simplezas", declaró.

EL ANTECEDENTE DE ANV La impugnación que el Gobierno y la fiscalía hicieron de la lista de II no ha logrado su objetivo, pero ha restado un argumento que el PP usó en las municipales del 2007, cuando concurrió a las elecciones el histórico partido Acción Nacionalista Vasca (ANV). Entonces, en plena tregua de ETA, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hizo todos los malabarismos legales para justificar su negativa a ilegalizar al partido y a impugnar solo unas 130 listas de las 260 candidaturas que se presentaron.

Además, uno de los jueces que tomaron la decisión en el Constitucional es Vicente Conde --elegido a propuesta del PP--, tío de Agustín Conde, es portavoz de Justicia del PP en el Senado. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz de los conservadores en el Congreso, dijo "no entender ni compartir" el dictamen.

ANALISIS DE LAS PRUEBAS Por su parte, fuentes de la fiscalía calificaron de "barbaridad" el dictamen del Constitucional y el correctivo sin precedentes al Supremo. Según esas fuentes, las pruebas aportadas para argumentar la ilegalización no han sido analizadas suficientemente. Tampoco, añaden, se ha escrutado el currículo del resto de personas que componen la representación de la candidatura.

Ocampo dijo ayer que es probable que, si II logra un escaño, Sastre lo ceda.