El Gobierno vasco discrepa de la decisión de Fernando Grande-Marlaska, pero la acatará. No obstante, el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe recalcó ayer que seguirá reconociendo a Batasuna como "interlocutor necesario". Antes de conocer el auto judicial, el líder del partido ilegalizado, Arnaldo Otegi, recalcó su "firme voluntad de celebrar el congreso". Después, anunció que todo depende de los contactos que hoy tenga con el resto de partidos vascos, ya que consideró que la respuesta debe ser conjunta.
El pronunciamiento del Ejecutivo vasco fue explícito: "El Gobierno cumplirá la ley aunque no le guste", leyó la portavoz, Miren Azkarate (PNV), tras la reunión del Gabinete de Juan José Ibarretxe, en la que se criticó a quienes han defendido la prohibición del acto de Batasuna.
El Ejecutivo vasco recordó que la ley de partidos nació "vulnerando los principios más elementales del derecho" y que ha sido un "fracaso". Por ello, emplazó a José Luis Rodríguez Zapatero a "tener la valentía" de derogarla tras haber admitido que es "restrictiva" de derechos fundamentales. El equipo de Ibarretxe dijo, además, que quienes acudan a los actos de Batasuna para "escuchar ideas políticas" ejercen "de forma plena y legítima" sus derechos civiles. Calificó de "contrasentido" reclamar a la formación que plantee sus ideas "mediante la política" e impedirles expresarse, pero avaló que "trasladen sus reflexiones" porque eso "es positivo".
FORMULAS ALTERNATIVAS Antes de que el juez se pronunciara, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, pidió al consejero de Interior, Javier Balza (PNV), una postura "no beligerante" y le dijo que existen "alternativas" para que la prohibición del acto "no desemboque en enfrentamientos con la Ertzaintza".
Horas más tarde, Otegi convocó una rueda de prensa en la que dejó en el aire si el acto se celebrará y dijo que dependerá de la respuesta del conjunto de fuerzas políticas vascas, a las que emplazó a adoptar hoy iniciativas comunes. Otegi culpó al PP de haber usado sus resortes para "sabotear" el proceso de paz.
El Gobierno central aprovechó el fallo judicial para lamentar el "ruido ramplón" que hace el PP. Varios portavoces señalaron la "normalidad" del funcionamiento del Estado de derecho y la no injerencia del Ejecutivo en la decisión judicial. Durante las horas previas al auto de Grande-Marlaska, el Gobierno se afanó en recalcar la tesis ya expuesta por Zapatero sobre la diferencia entre prohibir que se celebrara la asamblea de Batasuna e impedir a sus miembros que ejerzan el derecho de reunión.
