El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, solicitó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que "urgentemente" le hagan informes sobre lo sucedido en la manifestación ilegal celebrada el domingo por Batasuna en San Sebastián, que terminó en graves incidentes. Esos informes serán enviados a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por si los hechos "pudieran ser constitutivos de delito o dieran lugar a cualquier otro tipo de responsabilidad".
También el Departamento de Interior del Gobierno vasco ha iniciado los trámites para "depurar responsabilidades penales y administrativas" de los organizadores, miembros de Batasuna.
Ese departamento imputa un delito de desórdenes públicos y otro de participación en una manifestación prohibida a los siete detenidos durante los incidentes, que seguían ayer en dependencias policiales y serán puestos hoy a disposición judicial.
Como resultado de las cargas policiales hubo 10 heridos, aunque los cinco que quedaron ingresados en centros hospitalarios fueron dadas de alta ayer mismo. También tres ertzainas precisaron atención médica.
REACCIONES Socialistas y populares reaccionaron ayer de muy distinta manera ante los disturbios en la marcha ilegal del domingo. Mientras el PP exigió responsabilidades a los ejecutivos de Vitoria y Madrid, el PSOE felicitó a la Ertzaintza y mostró su satisfacción por la respuesta del Estado de derecho al desafío de los radicales.
El secretario general del Grupo Socialista del Congreso, Diego López Garrido, recalcó que la actuación de la Ertzaintza fue "profesional" y "adecuada" a la ley. Y el coordinador de la ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, que la víspera ya había felicitado a la policía vasca, añadió que los dirigentes de Batasuna deben responder, a nivel administrativo y judicial, de los daños a bienes y personas que se produjeron en San Sebastián, ya que son los responsables de la marcha.
Con un enfoque opuesto, el dirigente del PP Ignacio Astarloa aseguró que "están encendidas todas las luces rojas, todas las alarmas", al estimar que la política antiterrorista del presidente Zapatero está provocando que el Estado de derecho pierda capacidad "para afrontar el desafío de los terroristas".
Su correligionaria, la presidenta del PP vasco, María San Gil, lamentó que Batasuna "ganase el desafío al Estado de derecho" y exigió al Gobierno socialista y al Ejecutivo vasco que eviten incidentes similares en las próximas fiestas de Bilbao.
Por contra, el dirigente de Batasuna Joseba Alvarez culpó al consejero de Interior, Javier Balza, de los incidentes y calificó de "escándalo" tener que hablar de heridos "al día siguiente de una manifestación en defensa de un proceso de paz". Declinó toda responsabilidad en las algaradas y pidió al Ejecutivo vasco que "tome nota" para que no se repita en el futuro "un desastre" similar. Alvarez realizó estas declaraciones durante un homenaje a la ikurriña realizado ayer en San Sebastián.
