La organización ecologista Greenpeace considera "un fracaso" el proceso emprendido por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para elegir el emplazamiento del "cementerio nuclear". Ha solicitado por eso al Gobierno que se replantee su política de gestión de residuos radiactivos y que, antes de elegir el lugar donde se construirá el Almacén Temporal Centralizado que albergará los residuos radiactivos de alta actividad, busque previamente un consenso social verdadero y amplio.
El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, considera que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "ha fracasado por pretender sacar adelante el cementerio nuclear despreciando a la sociedad civil y a las comunidades autónomas". López de Uralde, en un comunicado enviado por la organización, considera necesario "buscar un verdadero acuerdo social y territorial" antes de acometer el proyecto, ya que la gestión de estos residuos supone, a juicio de la organización, un problema medioambiental, social y económico de primer orden.
Este consenso social y político sólo puede alcanzarse, según el responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, estableciendo previamente un calendario de cierre progresivo "pero urgente" de las centrales nucleares.
Greenpeace considera que este proceso iniciado por Industria es contradictorio con las promesas que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo en el Congreso durante el Debate del Estado de la Nación el 30 de mayo de 2006, reconociendo "la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social". La organización ecologista acusa, además, al ministro Sebastián de "tentar a los alcaldes con dinero público para conseguir que algún municipio se ofrezca candidato para albergar el cementerio nuclear".
Esta petición de consenso social previo que Greenpeace traslada al Ejecutivo se ha producido tras la negativa del presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, a que Cataluña albergue el citado cementerio nuclear, una oposición que también ha llegado desde el gobierno de Castilla-La Mancha.
