En el Everest de la financiación ya hay una bandera. Verde y blanca. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cerró ayer mano a mano con su predecesor en el cargo, el hoy vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves, un acuerdo para que el nuevo modelo de financiación, si llega a ver la luz, otorgue un plus económico a las comunidades con mayor porcentaje de población escolar sobre la población total. Es decir: Andalucía. El pacto no presupone todavía que Griñán dé ya el sí definitivo al nuevo sistema, sino que implica algo más singular: que la ronda de reuniones que ayer inició el Gobierno amenaza con degenerar, como sucedió en el año 2001, en una suma de trajes a medida que terminan por dejar demasiado pequeño el de la primera autonomía que propuso ir al sastre, Cataluña.

El acuerdo Chaves-Griñán se cerró ayer en Sevilla después de dos horas de reunión. En cifras (nunca fáciles cuando de financiación se trata), el pacto consiste en introducir un criterio hasta ahora inédito en los cálculos del reparto de fondos entre comunidades autónomas: el sobrecoste de atender las necesidades de los niños (más escuelas, más pediatras...). En el sistema todavía vigente, se computa el censo de población protegida y se corrige la cifra en función del número de habitantes mayores de 64 años (otro subgrupo que requiere especiales atenciones). Así, a Andalucía le corresponden actualmente un 18,46% de los recursos previstos.

Al añadir la nueva variable de la población en edad escolar, el porcentaje --tal y como explicó Griñán-- subirá hasta el 18,7%. ¿Parece poco? Ese aparentemente insignificante salto representa como mínimo 132 millones de euros adicionales anuales, con cifras del 2002, cuando entró en vigor el sistema actual.

Con esa solución sobre la mesa, el sí de Andalucía al acuerdo final parece más cercano. El Gobierno no descarta que, en la recta final, alguna autonomía decida no firmar y descolgarse del pacto, pero considera imprescindible que ni Cataluña ni Andalucía lo hagan.

IGUALES, PERO DIFERENTES La reunión, por otra parte, sirvió una vez más para reiterar los habituales discursos en defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos españoles, un principio que el modelo vigente no respeta, tal y como el propio Chaves ya no tiene ningún reparo en reconocer repetidamente.

Lo dijo la semana pasada en el Senado, ante representantes de todos los gobiernos autonómicos, y lo repitió ayer en Sevilla: el acuerdo fraguado en el año 2001 entre el PP y CiU, que nació con voluntad de no ser revisado con el paso de los años, ha abierto una brecha de hasta 900 euros de financiación per cápita entre comunidades. Igual que en el Senado, Chaves denunció el defecto, pero se abstuvo de precisar cuáles son los gobiernos autonómicos beneficiados por esa distorsión (Extremadura, Castilla y León y La Rioja, según datos del Ministerio de Economía) y cuáles son los más damnificados (Baleares, Valencia y Madrid).

El vicepresidente, tras su visita ayer a la Junta de Andalucía que durante 19 años presidió, afronta hoy una tarea mucho más compleja en el esprint final de la financiación. Visita la Xunta de Galicia con el propósito de allanar el terreno a la vicepresidenta Elena Salgado, que mañana, también en Santiago de Compostela, tiene previsto encajar las reivindicaciones de Alberto Núñez Feijóo (PP) en la negociación. Los socialistas gallegos, ahora en la oposición, apremian a Feijóo para que no acepte ninguna cifra que quede por debajo del 7,1% del total de los recursos.

El traje a medida, en el caso de Galicia, consistiría en que el Gobierno primara en los criterios de reparto la dispersión de población y su envejecimiento. Para su pulso con el Ejecutivo central --en principio más predispuesto a tener en cuenta sobre todo el dato del volumen total de población para compensar así las perversiones del actual sistema--, Núñez Feijóo se ha buscado un aliado.

FRENTE COMUN Se trata del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Ambos tienen previsto reunirse en breve con el fin de formalizar un frente común de respuesta al Gobierno. Los criterios que valen para Galicia también valen para Castilla y León. Un no de dos autonomías, claro está, tendría mayor repercusión que el de únicamente una.

Por su parte, la Generalitat catalana esta vez se mantiene a la espera. Pretende cuadrar sus demandas al final de la ronda de negociaciones, para conseguir, en esta ocasión sí, un traje ajustado a sus necesidades reales.