El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado hoy que el nuevo decreto-ley sobre función social de la vivienda pone "un poco de razón en la sinrazón" de los desahucios y ha incidido en que la norma tiene "precedentes constitucionales y legislativos" en la reforma agraria.

Griñán, que ha inaugurado hoy en Granada el Encuentro de Comunicación Social y Periodismo, ha dicho a preguntas de los periodistas que el decreto-ley pretende dar respuesta a la "marginación social" que se está produciendo, también en las clases medias, como consecuencia de la crisis.

"Se trata -ha explicado- de una medida que viene a poner un poco de razón en la sinrazón que supone el que haya miles y miles de pisos vacíos en Andalucía y España, y miles y miles de familias sin acceso a la vivienda o que tienen riesgo de perder la que tienen".

Griñán ha incidido en que el decreto-ley tiene "precedentes constitucionales y precedentes legislativos" en la reforma agraria promovida en su día por el Gobierno andaluz, que contemplaba la expropiación temporal de uso de las fincas no cultivadas.

"Ahora lo que hacemos es una expropiación temporal de uso de unas viviendas que son puestas a disposición de los ciudadanos", ha indicado Griñán, que ha precisado que esa expropiación de uso va dirigida a las entidades financieras e inmobiliarias para favorecer a personas que, perdiendo el uso de la vivienda, caerían en una situación de "grave exclusión social" por sus circunstancias.

Cuando se trate de viviendas de particulares, ha detallado, el decreto-ley busca favorecer el alquiler a través de incentivos y no de "medidas represivas".

Griñán ha respaldado, por otra parte, a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), en su petición al Ministerio de Fomento para que convoque una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas al objeto de debatir sobre los desahucios y para que Andalucía explique con detalle el nuevo decreto-ley.

Al respecto, ha dicho que no quiere "polémicas", sino "llegar a un punto de entendimiento", de ahí que la consejera haya propuesto, "con muy buen criterio", llevar el decreto a la conferencia sectorial para que todas las comunidades conozcan la norma "y ver si se puede extender a toda España".