El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha anunciado ya a la Audiencia Provincial de Sevilla que presentará un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia que le condena a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía al considerar que no se ajusta de derecho. El escrito presentado, y que será desarrollado en los próximos días, aprecia hasta cuatro motivos para recurrir el fallo, entre ellos un error en los hechos probados y una infracción de ley al entender que esos hechos que se le atribuyen no se corresponderían con los tipos de malversación y prevaricación por los que se le condena.
El exmandatario socialista, condenado por su labor al frente de la Consejería de Hacienda en el caso de los ERE , cambió de defensa jurídica para apuntalar su defensa ante el Tribunal Supremo. Ahora es este nuevo equipo jurídico el que, según se aprecia en el escrito remitido a la Audiencia, entiende que el fallo dictado el pasado mes de noviembre adolece de graves fallos. Además de una indebida aplicación de los tipos penales de malversación y prevaricación, sostiene que hay una infracción del precepto constitucional en relación a la presunción de inocencia, del derecho de defensa, del derecho a la tutela judicial efectiva o incluso del juicio justo.
CONTRADICCIONES NO ESTIMADAS
La participación de Griñán, según el fallo de noviembre, se sustentó en la elaboración de los presupuestos en los que se incluyó la financiación de las ayudas, pero también en su conocimiento de la irregularidad del procedimiento irregular y el caso omiso que hizo a las advertencias que en este sentido llegaron desde la Intervención. Sin embargo, en su escrito de recurso recoge un error en los hechos probados, ya que hay documentos aportados en la causa que los contradicen, de ahí que reclame que se tengan en cuenta varios presupuestos de la década 2001-2010, informes de la Intervención General sobre las modificaciones presupuestarias o los documentos de la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización de las ayudas públicas en ese periodo.
Y expone también que en ningún momento de la larga sentencia, con más de 1.800 folios, se indican claramente los hechos o resoluciones exactas por las que se condena a Griñán, reprochando además que solo se hayan tenido en cuenta en ese fallo del magistrado José Antonio Lacalle la prueba de cargo, sin entrar a valorar siquiera las pruebas de descargo. De esta manera, Griñán buscará evidenciar que nunca pudo conocer la irregularidad de un procedimiento de ayudas que la propia Intervención se limitó a calificar a lo sumo de inadecuada, pero no ilegal.
Por último, el escrito de recurso del exconsejero incide en la "falta de claridad" y manifiesta contradicción de los hechos que se dan por probados en la sentencia y que se atribuyen a Griñán. Así, incide en que durante buena parte del fallo se da por válido que el sistema de transferencias de financiación se puso en marcha para agilizar el pago de las ayudas públicas en un momento de grave crisis económica y social pero más adelante se apunta a una intención fraudulenta. En este sentido, el escrito reprocha lo que considera una falta de coherencia en la redacción del fallo que afecta a los intereses de quien fuera responsable andaluz de Hacienda.
Fuentes judiciales explicaron que, una vez presentado este anuncio del recurso, ahora su equipo jurídico tendrá que desarrollar y pormenorizar estos cuatro motivos cuando sean emplazados por el Tribunal Supremo. El fallo condenó a 19 de los 21 acusados en la denominada pieza política del Caso de los Ere, que enjuiciaba la legalidad del sistema empleado para dar las ayudas públicas entre 2001 y 2009, y varios de ellos ya han anunciado su recurso de casación ante el alto tribunal, entre ellos quien fuera consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
El duro fallo judicial, que supuso un auténtico mazazo para el PSOE andaluz, concluyó que los ex altos cargos condenados fueron plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron y que permitieron que se produjera el fraude de los ERE. Según esa sentencia, la decisión de dar ayudas ilegales fue del Gobierno en su conjunto, y partía del programa político con el que habían presentado a las elecciones. El tribunal consideró inimaginable y contrario a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia que el entonces presidente del Gobierno andaluz no conociera cómo se daban las ayudas o que su responsable de Hacienda no fuera informado de las irregularidades por los cargos inferiores.
