Sostienen los organizadores de la manifestación que se celebró ayer en Madrid que, pese a los obstáculos con los que se han encontrado, lograron reunir a más de 15.000 guardias civiles y familiares de los mismos para defender en la calle "su dignidad laboral" y no para reclamar la desmilitarización del cuerpo. "Los que han lanzado ese bulo, mienten", recalcaron los convocantes. Seguramente la cifra de asistentes está inflada, pero en este caso es lo de menos. El quid de la cuestión está en que varios millares de agentes desafiaron al Gobierno --que trató de impedir una protesta que, finalmente, autorizaron los tribunales-- y amenazan con mantener el conflicto si el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no accede a equipararlos, en salario y horas de trabajo, con la policía nacional.

ESTRATEGIA EXAGERADA En Interior se considera exagerada la estrategia elegida para presionar y se enfatiza que esta semana la cúpula de la Policía y la Guardia Civil ha aprobado una nueva orden general sobre jornada laboral y horario que libera a los agentes de uniforme verde de horas de servicio. El problema es que los guardias civiles consideran esas medidas una mera limosna que no satisface sus pretensiones de vivir como los integrantes de otros cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, exigen a Rubalcaba "un marco de diálogo" para pactar otras mejoras si quiere un otoño menos caliente del que se prevé.

El ministro aludido evitó responder ayer con vehemencia a los manifestantes que, entre otras cosas, demandaron a gritos su dimisión (además de la de José Luis Rodríguez Zapatero) y se limitó a emitir un comunicado. "El ministerio mantiene su compromiso para seguir mejorando las condiciones laborales de la Guardia Civil, siempre conjugando los intereses de los funcionarios con el mantenimiento de los niveles de seguridad que demandan los ciudadanos y que constituyen uno de sus derechos fundamentales", reza el texto.

La cuadratura del círculo no le será fácil esta vez a Rubalcaba, dado que los guardias civiles reclaman más dinero y libranzas a un Gobierno asfixiado por la crisis y obligado a ser austero y que ha bajado el sueldo a todos los funcionarios y congelado pensiones. A esto hay que sumar que, en los últimos meses, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil ha puesto en práctica una huelga de bolis caídos como forma de protesta ante el Ministerio del Interior. Ello ha supuesto que cientos de conductores se hayan librado de la multa que les correspondía y que la Administración tenga otro roto en sus maltrechas arcas.

Rubalcaba, pues, tiene otro sudoku sobre la mesa de su despacho, además de los expedientes abiertos a los secretarios generales de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Alberto Moya, y el de la Unión de Oficiales (UO), por haber dicho que el ministerio les estaba "tratando como a terroristas" al intentar negarles su derecho a la manifestación. Los manifestantes reclamaron ayer al ministro que archive esos expedientes y que se siente a negociar de verdad.