A Al Capone lo cazaron en 1931 por una menudencia, un simple fraude fiscal. Y a Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo y cerebro de la trama de Marbella, lo han encarcelado por un asunto similar: los implicados no abonaron el IVA de los pisos utilizados para pagar las comisiones ilegales. Hacienda y la policía han informado al juez de Marbella Miguel Angel Torres de la existencia de "graves irregularidades contables" en unas 40 empresas que firmaron convenios con el ayuntamiento, que les permitió construir en zonas verdes y puntos de la franja costera a cambio del 10% del importe de cada promoción urbanística.

La Agencia Tributaria advirtió de que hay unos 3.000 pisos que constan como vacíos --no vendidos-- en la contabilidad oficial de las promotoras, cuando fueron adquiridos por particulares o empresas, según prueban los contratos de compraventa intervenidos. Por estos pisos, los empresarios no abonaron el IVA.

EN EFECTIVO Fuentes de la investigación aseguraron que presumiblemente los contratistas vendieron esas viviendas y simultáneamente entregaron su importe en efectivo a Roca, para no dejar ningún rastro. Según estas fuentes, el asesor cobró durante 10 años comisiones de 600 promociones, bajo el mandato de tres alcaldes distintos del GIL: Jesús Gil (1991-2002), ya fallecido; Julián Muñoz (2002-2003), procesado, y Marisol Yagüe (2003-2006), en prisión por la corrupción que ha obligado a disolver el ayuntamiento.

Roca fue objeto en el 2003 de una investigación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pero resultó insuficiente para demostrar la corrupción de la que informaba la prensa. El entonces fiscal Carlos Jiménez Villarejo no pudo probar la existencia de fraude fiscal ni localizar el patrimonio de Roca. No obstante, la información quedó en la fiscalía y fue incorporada al caso saqueo contra Gil, cuando éste había pasado la alcaldía a Muñoz.