El portavoz del Gobierno catalán, el socialista Joaquim Nadal, calificó ayer de "punta del iceberg" el conocimiento de que Antonio de la Rosa, abogado, hermano del polémico financiero Javier de la Rosa, estaba en nómina como subdirector general en la Consejería de Gobernación durante la etapa de gobierno de CiU sin que, al parecer, su trabajo lo justificara.

De la Rosa era desde febrero de 1998 hasta el 12 de enero pasado el responsable de la unidad técnica de seguimiento del régimen económico de los entes locales, aunque en realidad su función se centraba en los entes supramunicipales, es decir, los consejos comarcales, según fuentes de Gobernación, cartera gestionada en la actualidad por Joan Carretero, de ERC.

EMPLEO FICTICIO Según publicó ayer el diario El Mundo , el sueldo bruto anual que cobró De la Rosa por este trabajo osciló entre 53.554 y 55.022 euros (entre 8,8 y 9,1 millones de pesetas) por un empleo casi ficticio.

Fuentes de Gobernación confirmaron que el rendimiento de Antonio de la Rosa era muy bajo y que el último consejero de esa cartera por CiU, Josep Maria Pelegrí, le obligó, en julio del 2003, a que fichara las entradas y salidas al trabajo. Desde esa fecha hasta su cese no fichó durante siete días seguidos, por lo que se le requirió por escrito para que justificara su ausencia. En su expediente no figura respuesta.

FUNCIONARIO MUNICIPAL Xavier Pomés, que era consejero de Gobernación cuando, en 1998, Antonio de la Rosa entró en la Generalitat, precisó que éste era un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona. Según su relato, desde el ayuntamiento le pidieron si podía contratarlo, ya que estaban descontentos con él y el propio funcionario deseaba irse. Lo aceptó pero con la misma categoría y sueldo del ayuntamiento, no como asesor, y después de que se le garantizase de que no tenía que ver con los negocios de su hermano, inmerso en causas judiciales. Desde el ayuntamiento niegan esta versión. En el consistorio consta como excedente con reserva de plaza.

De la Rosa siguió en su puesto con los consejeros Josep Antoni Duran Lleida y Núria de Gispert. Duran dijo que se había enterado "por el periódico" de que la Generalitat había prescindido de los servicios de aquél.