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El fiscal: "Esto es un juicio en defensa de la democracia"

"La actividad política no justifica expulsar la Constitución de Catalunya y cambiarla por una realidad paralela", afirma. Considera que los derechos vulnerados son los de quienes no se prestaron a participar en el referéndum ilegal

 

El fiscal Javier Zaragoza defiende que juicio del procés es en defensa de la democracia. - EUROPA PRESS

EL PERIÓDICO
13/02/2019

El fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza ha llegado al alto tribunal con los deberes bien aprendidos. Como si tuviera en la cabeza a los medios de comunicación, ha ido desgranando uno a uno los titulares con los que este miércoles ha impugnado las vulneraciones de derechos alegadas en la primera sesión del juicio del 'procés' por las defensas.

A la supuesta criminalización de la disidencia política, él ha respondido: "Nada más lejos de la realidad. Esto es un juicio en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución". "El juicio de igualdad ante la ley", añadió en su turno su compañero Fidel Cadena. Zaragoza incluso se pronunció sobre la reclamación de diálogo: "No parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada, que fue revertida por el Estado".

El fiscal ha recordado que la Carta Magna fue respaldada por el 62% de los catalanes, la misma cifra que rechazó participar en un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y cuyos derechos fueron los que sí se vieron vulnerados, pero por los acusados, al empeñarse a llevarlo a cabo, pese a su ausencia de validez. 

 En su opinión, "se pretende articular como víctimas de una persecución política a quien ha pretendido vulnerar el orden constitucional" y "la aplicación de la ley es el único instrumento de la sociedad democrática". De ahí que el que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional aseguró que "el derecho penal cumple su función de última ratio, si tenemos en cuenta la afectación del orden constitucional" que se vivió en Cataluña y, a diferencia de lo que ayer manifestaron las defensas, consideró una "grave irresponsabilidad que la justicia penal no hubiera reaccionado".

En esta línea aseguró que pese a lo manifestado por prácticamente todos los responsables políticos catalanes que en la primera sesión del juicio salió a la palestra mediática: "Nadie ha perseguido a nadie por sus ideas, sino por sus actuaciones". Y calificó de "falacia de colosales dimensiones" lo contrario.

“Los acusados llevan años proclamando y defendiendo el proyecto independentista; se han manifestado y que yo sepa no se les ha perseguido, ni enjuiciado. Solo se ha puesto en marcha la justicia cuando han realizado acciones que han quebrantado nuestra Constitución", señaló.

Eso sí, aclaró que tampoco el "ejercicio de la actividad política puede ser una patente de corso, porque el político está sujeto al Código Penal", por lo que malamente se puede encardinar en las labores propias del Parlament "expulsar la Constitución y el Estatuto de Cataluña y sustituirlo por una realidad paralela". "La actividad política no justifica utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de la ley y tampoco intentar poner a los Mossos d’Esquadra al margen de la ley", insistió.

PUIGDEMONT, REBELDE


El fiscal refrendó las pruebas rechazadas por el tribunal, como la de expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, "procesado rebelde" por haber huido, lo que le hace incompatible poder declarar como testigo en la causa en la que habría sido juzgado de estar a disposición de la justicia española. La respuesta fiscal a la negativa alemana de entregar a Puigdemont consistió en considerarla una "indebida intromisión en la función de los tribunales españoles" 

También se mostró muy crítico el representante del ministerio público con la referencia a la tortura que hizo este martes el abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas. "Comparar una actuación policial con las torturas es un disparate jurídico de dimensiones importantes", aseguró para afirmar que de los 1.066 heridos de la Generalitat solo dos lo fueron graves, "uno por un infarto que fue atendido por el jefe del dispositivo policial, y otro que recibió un pelotazo de goma en el ojo tras lanzar una valla a los agentes". Además, agregó que juzgados catalanes ya investigan los excesos que pudieron cometer los agentes el 1-O, por lo que no se trata de hechos que debería investigar el Supremo.

"UNOS POCOS SOBRE LO QUE ES DE TODOS"


Por su parte, el fiscal Fidel Cadena, más técnico que su compañero, se centró en explicar que "la soberanía reside en el pueblo español y no se puede sustituir por cualquiera de los pueblos que lo integran". La soberanía del pueblo catalán no es posible, porque "no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos".

El fiscal de Sala enumeró "unas verdades que no se pueden hurtar", como que exista el derecho de autodeterminación o que haya un derecho democrático fuera de la Constitución. "La constitución no establece límites a los planteamientos políticos, no se juzga a una ideología independentista. Se está enjuiciando un plan concertado, organizado, minucioso que pretende llevar a cabo (...) la subversión y ruptura del orden constitucional.

En cuanto la violencia y la intimidación que contempla el Código Penal, citó "las murallas humanas que se lanzan contra los agentes y el "flagrante incumplimiento de la Constitución" de los Mossos, que "se pusieron del lado de la rebelión".

SÓLO UN JUICIO PENAL


Por su parte, la responsable de Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, que sustituyó a Edmundo Bal cuando este fue apartado por ser partidario de acusar por la rebelión, criticó que las defensas quisieran trasladar "que se habían criminalizado actuaciones que encajaban en derechos fundamentales, como los de libertad ideológica, de reunión, una manifestación particular".

Fue categórica al asegurar que "aquí se celebra un juicio penal, que no merece ninguna otra calificación" y negó la principal acusación de la defensa al asegurar que se tratar de "un ejercicio del derecho penal democrático frente al derecho penal del enemigo, ayer tan invocado". Además, pidió al tribunal que se oponga a la pretensión de la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de que sea apartada por acusarle por sedición en vez de por malversación que, sostiene, que es delito por el que se personó.

Y en cuanto a la reclamación de la utilización del catalán, la abogada del Estado, sin que acabara de explicarse muy bien, se remitió a las críticas efectuadas por las defensas a la secretaria de Estado Irene Lozano por haber dado por autores de rebelión a los acusados y las justificó diciendo que el inglés "no era su lengua materna".

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