El lendakari, Juan José Ibarretxe, se comprometió ayer a dimitir en caso de que los ciudadanos vascos voten no en la consulta popular promovida por él para el 25 de octubre y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está decidido a impedir. "Me iré a casa", anunció ante cargos de su partido en Murgia (Alava), en medio de una encendida defensa tanto de la "legalidad" de su apuesta como de su carácter "determinante" para lograr la paz y la solución del conflicto político vasco.

El PSE y el PP vasco tardaron pocos minutos en tomarle la palabra a Ibarretxe e invitarle a irse a su casa "ya", sin esperar a una consulta que ambos partidos aseguran que no llegará a realizarse. El socialista Patxi López instó al lendakari vasco a que "deje de una vez de dividir y excluir a la sociedad vasca". El conservador Carmelo Barrio remachó que "esa consulta ilegal no se va a producir".

Aunque Ibarretxe y su Gobierno parecen dispuestos a mantener contra viento y marea, al menos en público, la celebración de la consulta, medios del Ejecutivo vasco admiten que será materialmente imposible realizarla por la oposición del Gobierno central. El Ejecutivo de Ibarretxe elude reconocer que el único modo de que la propuesta salga adelante es contar con el apoyo de EHAK en el Parlamento.

SIN MIEDO Ibarretxe no aclaró ayer si también se irá a casa en el caso de que la Cámara rechace el proyecto de ley del Gobierno autonómico. Inasequible al desaliento y llevando siempre encima una papeleta de la consulta, el lendakari se empeñó en trasladar seguridad a los suyos para que no se dejen influir ni por los partidos que critican la propuesta ni por el anuncio del Gobierno central de que frenará la consulta en el Tribunal Constitucional ni por "el ruido mediático". "No tengo miedo a preguntar a la sociedad ni a su respuesta".

Por su parte, el consejero vasco de Interior, Javier Balza (PNV), terció para defender que si la Cámara vasca aprueba el próximo 27 de junio la ley de la consulta, esta norma tendrá carácter "vinculante" y todos los poderes públicos, dijo, estarán "obligados" a acatarla.