El lendakari, Juan José Ibarretxe, afirmó, tras declarar ayer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en Bilbao, que seguirá hablando con todas las fuerzas, incluida Batasuna, por considerar que "no hay otro camino" para alcanzar la paz. Un diáfano desafío a los jueces que llevan su causa. Centenares de simpatizantes del PNV, el Gobierno vasco en pleno y los principales dirigentes peneuvistas, de EA, EB y Aralar arroparon a Ibarretxe, el primer lendakari que acude a un tribunal como imputado.

El jefe del Ejecutivo vasco solicitó el archivo inmediato del proceso abierto por su reunión con Batasuna, y denunció un trato discriminatorio respecto a los responsables del PSOE que se entrevistaron con dirigentes aberzales. En Vitoria, dos horas después de declarar, explicó que no había contestado a las preguntas del abogado del Foro Ermua por "dignidad", ya que "este movimiento incorpora odio".

Bandera española Precisamente, este colectivo decidió ayer mismo ampliar su querella contra el lendakari y los dirigentes de Batasuna después de que este admitiera que se había reunido en varias ocasiones con la fuerza ilegalizada. Fernando García Capelo, abogado del Foro Ermua, explicó que Ibarretxe declaró que conocía la sentencia del Supremo que prohíbe toda actividad de Batasuna, por lo que concluyó que la comisión del delito es "bastante clara".

García Capelo y sus acompañantes protagonizaron momentos de tensión al entrar y al salir del tribunal. Al llegar a la zona acordonada por la Ertzaintza, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA, increpó a los centenares de militantes del PNV que aguardaban a Ibarretxe. Portero exhibió una camiseta con la bandera española y fue respondido con gritos e insultos. Otro miembro del Foro Ermua, Antonio Aguirre, del PSE, entró en el Palacio de Justicia con el puño en alto, lo que encrespó más los ánimos.

Con todo, la tensión vivida ayer fue reflejo del nerviosismo del momento. El propio lendakari ha pedido en los últimos días calma a sus seguidores, y además de las movilizaciones de protesta convocadas por el Gobierno vasco, su paso por los tribunales se ha traducido en las bases nacionalistas en indignación contenida, ante la confianza de que la causa se archive.

El máximo mandatario vasco declaró que "solo en un país de locos" se puede encausar penalmente a un presidente por hablar con otras fuerzas políticas "para arreglar las cosas". En su declaración, aseguró que seguirá reuniéndose con Batasuna y la izquierda aberzale para buscar el acuerdo político, como prometió a la sociedad vasca.

Para avalar ese compromiso, la defensa de Ibarretxe entregó al juez instructor su discurso de investidura y el acuerdo de gobierno. Tras esta declaración, el magistrado que instruye la causa deberá optar entre archivarla o iniciar la fase de juicio oral, decisión que puede demorarse.

Junto al sólido respaldo de todo el PNV, con el presidente Josu Jon Imaz y Xabier Arzalluz en primera línea, EA, EB y Aralar exigieron la derogación de la ley de partidos. El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, pidió a los peneuvistas que no desprestigien la justicia, pero reclamó también a los jueces que "mediten muy mucho sus sentencias". Y el dirigente del PP vasco Leopoldo Barreda comparó las protestas de los nacionalistas con las de "otros partidos fascistas y totalitarios".