El lendakari Juan José Ibarretxe pedirá amparo al Tribunal Constitucional por considerar que sus derechos fundamentales se han visto lesionados con la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de investigarle por un presunto delito de desobediencia al entrevistarse con dirigentes de Batasuna.
Es la primera de una serie de iniciativas jurídicas y políticas que prevé adoptar el Gobierno vasco ante "la enorme gravedad" del conflicto institucional que, según el Ejecutivo, ha generado la decisión del tribunal al admitir la querella interpuesta por el Foro Ermua. En ella también están imputados Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, que participaron en la cita con Ibarretxe el 19 de abril.
La tesis del Ejecutivo vasco es que los derechos fundamentales del lendakari para ejercer su acción política "están rotos y en suspenso" desde el momento en que el Tribunal Superior ha decidido encausarle.
REUNION CAROD-ETA La petición de amparo al Constitucional se presentará a final de mes. En ella se recordará que el Tribunal Supremo, en una resolución adoptada en el 2004, consideró que no hubo comisión de delito alguno en la reunión que el dirigente de ERC, Josep Lluís Carod- Rovira, mantuvo con ETA.
El Gobierno vasco considera fundamental "rescatar el derecho" del lendakari para hacer política y mantener el diálogo que considere "necesario" para avanzar en la paz y la normalización política. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, advirtió de que su partido se plantea "movilizar" a la sociedad. Adujo que no se pueden quedar de "brazos cruzados" ante lo que considera una "decisión política".
El PNV ha convocado en los últimos años a sus seguidores para apoyar la comparecencia en los juzgados del expresidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y la del miembro de la ejecutiva Gorka Agirre, al que se vinculó con la red de extorsión etarra.
