El proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas y redes públicas, que permitirá que la Policía pueda conocer la identidad de los titulares de tarjetas prepago de teléfonos móviles en el marco de una investigación, entrará en vigor mañana.

El texto, que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, fue aprobado el día 4 de ese mes en el Congreso de los Diputados, donde el Pleno dio el visto bueno a las enmiendas introducidas durante su tramitación parlamentaria.

Esta ley obligará a los operadores a ceder los datos conservados "en lo concerniente a comunicaciones que identifiquen a personas, sin perjuicio de la resolución judicial" que lo autorice y que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas; exigencia que nunca se aplicará al contenido de la comunicación.

Las compañías tendrán que conservar esos datos durante doce meses desde el momento en que se produzca la comunicación, y sólo se conservarán los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios. Además, los datos permanecerán "cancelados" por los operadores mientras no se haya producido la prescripción de las infracciones previstas en la norma.