La jerarquía católica ha bajado el diapasón en sus críticas al Gobierno. Al tono conciliador del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, en sus declaraciones públicas del pasado miércoles, se unió ayer la disposición --según el secretario general, Juan Antonio Martínez Camino-- a "colaborar con la justicia de modo pleno" ante el segundo requerimiento del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para elaborar un censo de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo.

"Los archivos parroquiales son públicos. Están abiertos, con alguna reglamentación para respetar los datos, a los particulares y a los investigadores", enfatizó Martínez Camino, tras la reunión de la comisión permanente de la CEE, lejos de la ambigüedad calculada con la que el episcopado se ha pronunciado sobre el tema en anteriores ocasiones. "No hemos recibido ningún requerimiento. Pero cuando se reciba, se estudiará y se responderá", prometió.

La Iglesia desea que se respete el derecho de toda persona a saber dónde se encuentran sus seres queridos asesinados o fallecidos en la guerra civil "en todos los bandos y campos", concluyó Martínez Camino.

APOYO EPISCOPAL "Las personas de todos los ámbitos, de los tristes frentes de la contienda, deben hacer todo lo que puedan para dar una sepultura digna a sus seres queridos", sostuvo el portavoz episcopal.