El 21,5% de españoles viven en riesgo de exclusión social. Y, según la última encuesta de población activa, 563.7000 hogares viven sin ningún ingreso. Son más de medio millón de personas que viven en la nada. «No podemos seguir viendo estos datos, el Gobierno debe actuar para que todas las personas puedan vivir en igualdad», señala Anna Abril, responsable de incidencia social de Cáritas.
Y todas las entidades consultadas coinciden con los mismos deberes del Gobierno: implementar una renta mínima vital de ingresos estatal, que luego el resto de comunidades autónomas puedan ir complementando. Se trata de una medida que ya estaba incluida en la estrategia nacional de la lucha contra la pobreza.
La realidad vislumbra, según el sector social, que en estos momentos el desorden reina en este sentido. Los criterios de acceso, las prestaciones y las coberturas de cada comunidad autónoma son totalmente distintas, y no están resolviendo el problema. «Nosotros proponemos que el Estado asegure unos ingresos de 400 euros a todos los hogares por debajo del umbral de pobreza, y a partir de ahí que complementen la renta las distintas comunidades», apunta Carlos Usíe, presidente de EAPN España.
