En una decisión excepcional, el tribunal del 11-M impuso ayer una multa de 1.000 euros y abrió procedimiento por desobediencia grave al director general de la policía en el momento de los atentados de Madrid, Agustín Díaz de Mera. El hoy eurodiputado del PP y activo defensor de la teoría de la conspiración, que comparecía como testigo, recibió el castigo por negarse a desvelar la identidad de un policía que le habló de la existencia de un supuesto informe secreto encargado por el actual Gobierno socialista que vincula a ETA con la masacre. Un informe que, dijo, conocen "10 o 12" personas.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, mantuvo con Díaz de Mera un intercambio de argumentos para que depusiera su actitud. Le llegó a "rogar" que aparcara sus problemas de conciencia, porque "eso es lo de menos". "El problema es la situación en que coloca este proceso", le espetó, recordándole de modo implícito la trascendencia de un juicio que busca esclarecer el mayor atentado terrorista en la historia de España.
INUTIL De nada sirvieron los esfuerzos disuasorios del magistrado. Entre apelaciones afectivas a su vinculación a la policía y alegatos sobre la necesidad de preservar la seguridad de su fuente informativa, el exdirector general de la policía anunció con gran solemnidad su "disposición de aceptar las consecuencias".
El incidente se desencadenó cuando un abogado de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M --proclive a la teoría de la conspiración-- preguntó a Díaz de Mera por el supuesto informe, de cuya existencia habló el eurodiputado en una entrevista a la COPE seis meses atrás.
El exdirector de la Policía reiteró que un agente policial le contó que, tras la llegada del PSOE a la Moncloa, el flamante comisario general de Información, Telesforo Rubio, encargó un informe sobre los atentados. El supuesto documento, elaborado por "un hombre y una mujer", arrojó, dijo, resultados desagradables para el Ejecutivo socialista al establecer la conexión de ETA con los atentados, por lo que hubo un intento de "reorientarlo". Díaz de Mera reconoció no haber visto el informe y que solo conoce las "generalidades" que le contó su fuente. Y dijo que no sabía qué destino tomó el texto, aunque en la COPE habló de su desaparición.
NEGATIVA El letrado le pidió que identificase a su fuente. Díaz de Mera se negó por primera vez, argumentando que esa información "pondría en peligro" tanto la seguridad como el puesto de trabajo del informante.
En ese momento intervino el presidente del tribunal y recordó al eurodiputado su obligación de responder. Para preservar la reserva de su fuente, le ofreció escribir su identificación en un papel. Díaz de Mera se negó y admitió que la situación era "muy complicada". El magistrado decretó un receso, al cabo del cual anunció la sanción: multa inmediata de 1.000 euros y apertura de procedimiento por un presunto delito de desobediencia.
Tras glosar su afecto a la Policía y la "honestidad" de su fuente, dijo aceptar la decisión del tribunal. "Este tribunal también aprecia el trabajo de la policía", le replicó el magistrado Bermúdez, que le "rogó" que "meditara" su decisión. De Mera dijo estar en una "colisión entre la ley la moralidad" y se mostró dispuesto a que la ley "caiga" sobre él, no sobre su fuente.
Cuando el juez lo invitó a consultar a su fuente, el eurodiputado sugirió que el teléfono de esta está pinchado. "Las opciones que deja al tribunal son nulas", concluyó el magistrado.
