Aunque fue el principal promotor y siempre controló la construcción y la gestión de Terra Mítica, Eduardo Zaplana se había librado hasta el momento de las tormentas políticas y financieras que desde hace años sacuden al parque. Ahora, y por primera vez, su nombre aparece ligado a las presuntas corruptelas que explicarían sobrecostes de 100 millones de euros en una obra de 400 millones. Zaplana es citado por dos empresarios imputados en el presunto fraude de las facturas falsas emitidas por el parque, descubierto por Hacienda en octubre del 2005.

Antonio Moreno Carpio y José Herrero García fueron contratistas de Terra Mítica y, en grabaciones hechas por los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such en su oficina de las Cortes valencianas, dicen que Zaplana recibió comisiones por obras. Según Herrero, los contratistas entregaban dinero al empresario Vicente Conesa, principal imputado en la trama, y este "repartía la pasta con el señor Zaplana".

UN VIEJO AMIGO En otro pasaje, el empresario revela que vio "como el señor Conesa metía la bolsa con dinero en el maletero y dijo que se lo repartía con Zaplana". Conesa es un viejo amigo del portavoz del PP en el Congreso. Durante la etapa de Zaplana como alcalde de Benidorm, fue el adjudicatario de varias contratas municipales sin concurso. La revelación del fraude se saldó con la cabeza del presidente provincial del PP, Vicente Sanz.

Los empresarios citan la contrata de jardinería del parque, en la que participaron, por la que Terra Mítica desembolsó 36 millones de euros, de los que entre 15 y 18 millones se convirtieron en comisiones. También relatan que se cargaron al complejo entre 240.000 y 300.000 euros de la reforma del chalet de Justo Valverde, director de obras y entonces cuñado de Zaplana.

Herrero y Moreno se ofrecen a "denunciar" lo que saben e incluso a aportar documentación a la justicia y "a algún medio de comunicación" que les ofrezca dinero. Según explicó ayer el diputado Camarasa, es ahí donde los socialistas decidieron interrumpir las entrevistas. Ante la negativa de Herrero y Moreno a aportar documentos, los políticos pusieron las conversaciones en manos del gabinete jurídico del partido y este presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, "por las consecuencias penales que se pudieran derivar".

MONTAJE El escándalo saltó ayer, cuando Zaplana se encontraba en Valencia. En rueda de prensa en la sede del PP, el dirigente popular no negó las acusaciones. Se limitó a calificarlas de "bazofia" y "montaje con el uso del aparato del Estado para acallar a la oposición". Zaplana denunció que ayer "varios periodistas recibieron mensajes de móvil desde la Secretaría de Estado de Comunicación alertando de la noticia". Para aclararlo, pedirá que comparezca en el Congreso la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega.

El responsable de comunicación del Gobierno, Fernando Moraleda, confirmó la existencia de estos mensajes y los atribuyó a "un error técnico". Zaplana no aceptó sus disculpas y, molesto, descalificó la información como "filtración de la cadena SER" y avanzó que el lunes emprenderá acciones legales contra los diputados y los empresarios participantes en las grabaciones. La medida de la reacción del portavoz del PP se entiende en su intento de hablar con el presidente Zapatero, de viaje en Austria, y la conversación con el secretario de organización del PSOE, José Blanco, a quien Zaplana pidió explicaciones.