Falta menos de un mes para que el proceso independentista se siente en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Para encarar un juicio que determinará el futuro personal de los encausados y político de toda Cataluña, todos los actores del soberanismo están preparando sus estrategias para explotar al máximo un proceso judicial que coincidirá con la precampaña de las elecciones municipales y europeas.

En el mundillo baloncestístico se conoce como aclarado el intento de un equipo por dejar solo a su mejor jugador para que él se juegue una canasta habitualmente decisiva. Salvando todas las distancias, eso es más o menos lo que ERC está tratando de hacer con la declaración de Oriol Junqueras. Desde el lunes 30 de octubre del 2017, cuando fue entrevistado en TV-3, los catalanes no oyen al exvicepresidente del Govern. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con Carles Puigdemont.

Los republicanos confían en que el impacto mediático de la declaración de su líder, que intramuros ha seguido dirigiendo con mano firme los designios de la formación, les alcance hasta la campaña electoral de las municipales. Dicho de otro modo, si Puigdemont se benefició de hacer campaña sin oponente en las autonómicas del 2017, y ganó por 12.000 votos, los republicanos esperan que, a nivel de impacto, como mínimo igualen las fuerzas.

Con todo, los republicanos preparan un amplio dispositivo de seguimiento del juicio. Para la ocasión, ERC se ha buscado, incluso, un portavoz que ponderará lo que suceda dentro de la sala de vistas. Fuentes republicanas apuntan a que este portavoz será Joan Ignasi Elena, antaño del extinto sector catalanista del PSC y hogaño agitador a favor del derecho a decidir. Esquerra ha elegido no a un independentista de rompe y rasga, sino a uno de esos perfiles que «amplían la base».

LLEDONERS MARCA LA PAUTA / En Junts per Catalunya se están acabando de cerrar los flecos de la estrategia, en permanente contacto con los presos en la cárcel de Lledoners, a los que el grupo parlamentario visitará hoy. Es un operativo complejo, que se tejerá entre partidos y entidades soberanistas, así como observadores y periodistas. JxCat está especiamente preocupada en dos frentes: la resistencia física y las garantías procesales de los presos, y la necesidad de articular un mensaje diario cara a los medios, sobre todo tras la fase de la toma de declaración de los presos.

Para afrontar estos objetivos, los posconvergentes desplegarán una serie de cabezas visibles para traducir al lenguaje político las cuestiones clave del ámbito jurídico que se vayan planteando a lo largo de las sesiones de la vista. Este desembarco de representantes de JxCat en Madrid hará que muchos diputados del grupo deban multiplicar su dedicación entre el Parlament y la asistencia al juicio. Y quien no descarta acudir a algunas sesiones es nada menos que el president, Quim Torra.

La que se ha quedado sin altavoz en el Tribunal Supremo es la CUP. Su única imputada llamada a juicio, Mireia Boya, responderá finalmente ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, junto a los miembros de la Mesa del Parlament. Eso no cambia su estrategia de «pararlo todo», desde la primera a la última sesión del juicio, aunque buscan el encaje para que sus postulados calen. Fuentes anticapitalistas intuyen una «voluntad desmovilizadora por parte de los partidos con presos», y por eso abogan por reforzar los contactos con actores sociopolíticos y sindicales, con los que ya se movilizaron contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona.

En cuanto a la ANC y Ómnium, ya se han puesto en marcha para no perder su liderazgo en las calles. Las entidades mantienen un «contacto permanente» y ultiman los detalles de las marchas que celebrarán en las principales capitales europeas y en Madrid. Sus asambleas territoriales preparan concentraciones el día que empiece el juicio a las 19.00 horas frente a los consistorios.

El número dos de Ómnium, Marcel Mauri, arropará a Jordi Cuixart y al resto en varias sesiones judiciales, y no faltará a la primera. «Tenemos que incrementar nuestra presencia en Madrid los próximos meses», comentan. De la misma forma, fuentes de la ANC dan por hecha la presencia de Elisenda Paluzie.

Desde el soberanismo insisten en que «no será un juicio justo» y han activado la búsqueda de observadores internacionales que fiscalicen las sesiones. Una plataforma de entidades a favor de los derechos humanos se ha organizado bajo el nombre de International Trial Watch-Catalan Referendum para gestionar su presencia.

Esta organización facilitará apoyo técnico y material a 10 o 12 juristas extranjeros, además de otros tantos catedráticos de distintas universidades españolas, que custodiarán las sesiones y publicarán sus informes.