Ocho de cada 10 españoles (el 83,3%) están de acuerdo con la reciente propuesta del Gobierno de incrementar de 30 a 40 años la pena máxima a los culpables de terrorismo o delitos graves, y 9 de cada 10 (el 89,4%) acogen positivamente que se imponga el cumplimiento íntegro de las penas.

Según el recuerdo del voto, quienes más conformes están con la ampliación de la pena son los electores del PP (el 93,5%), seguidos de los del PSOE (el 83,6%) y los de CiU (el 78,8%). Los que más se oponen son los votantes del PNV (el 55%). Los porcentajes favorables son prácticamente iguales al índice general si se contemplan las respuestas según el sexo y las edades. Territorialmente, el índice más elevado de acuerdo se da en Andalucía (el 91,4%) y el más bajo, en Euskadi (el 51,9%).

CUMPLIMIENTO DE PENAS

En el cumplimiento íntegro de las penas son los madrileños los que se ponen por delante (el 92,3%). El nivel de conformidad de los vascos alcanza el 69,1%.

Cuando se pregunta sobre la eficacia de esas medidas en la lucha contra el terrorismo, no hay unanimidad: el 12,7% cree que serán muy eficaces, el 40,8% dice que serán bastante eficaces, el 25,1% las considera poco eficaces y el 10,6% niega que vayan a ser eficaces.

RESPONSABILIDAD ESTATAL

Destaca el alto porcentaje de encuestados (56,6%) que considera que la principal responsabilidad del Estado con quienes cometen algún tipo de delito es el castigo. Por las medidas de reinserción como principal responsabilidad estatal se decanta el 25,7%, mientras otro 14,5% cree que el Estado es responsable por igual de ambos aspectos. Sólo los vascos priman la reinserción (45,7%) sobre el castigo (34,6%). El votante de la coalización que lidera Julio Llamazares, Izquierda Unida, el que apoya menos lo punitivo (33,9%).