La estrategia del PP nacional con respecto a las reformas estatutarias ha provocado más de una sacudida en las filas de Mariano Rajoy, ya que los barones conservadores implicados se han visto situados en más de una ocasión entre la espada y la pared. La necesidad de conjugar intereses electorales con la obediencia al líder popular han tenido que sortearla el dirigente balear Jaume Matas y el valenciano Francisco Camps. Ambos vieron condicionado el plácet para consensuar las reformas en sus parlamentos con un PSOE en la oposición.

Después, en el Congreso, ha sido posible el acuerdo pese a contener los textos a debate similitudes casi literales con el denostado Estatuto catalán. La aragonesa ha sido la primera reforma estatutaria de una autonomía socialista que ha sido apoyada por el PP. Es la prueba de que los dirigentes territoriales deben hacer equilibrios para obedecer las órdenes de Madrid sin quedar desautorizados ante los habitantes de sus comunidades y sus expectativas.

Por ejemplo, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja sostiene que si su partido apoya reformas estatutarias contribuirá a la "segunda transición". Y da por hecho que es "el primer paso para que el Gobierno pacte con ETA la autodeterminación".