Los guardias civiles que se manifestaron el sábado en Madrid pueden pagarlo caro. El Ministerio del Interior, a través del director de la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha encargado un informe jurídico antes de decidir si expedienta a estos agentes, que por la naturaleza militar del cuerpo tienen restringido el derecho de reunión.
Quejosa con el nuevo régimen disciplinario aprobado por el Consejo de Ministros, que elimina las penas de arresto cuando los agentes desempeñan misiones policiales pero no si ejercen funciones militares, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) organizó esta protesta, el 20 de enero en Madrid, para forzar al Gobierno a aceptar la plena desmilitarización del instituto armado. Para desafiar al Ejecutivo, muchos de los manifestantes acudieron de uniforme, a sabiendas de que así violaban el régimen disciplinario.
El portavoz de la AUGC, Joan Miquel Perpinyá, anunció ayer que a los agentes "no les queda más remedio que responder muy contundentemente" al propósito del Gobierno de sancionarles. A esta voz se unió la Unión de Oficiales, que definió la decisión de Mesquida como un "gravísimo error de consecuencias imprevisibles".
