El Gobierno ha subrayado hoy que el Ministerio del Interior utilizará "todos los mecanismos" de los que dispone para garantizar la seguridad de los ciudadanos tras las excarcelaciones de terroristas y violadores reincidentes a causa del fin de la doctrina Parot.
"Interior tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y todos los mecanismos que pueda utilizar se van a utilizar", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser preguntada sobre si se pondrá en marcha un plan de vigilancia y control de los excarcelados sobre los que se sospeche que puedan volver a delinquir.
En el caso de algunos violadores, el propio secretario general de Instituciones Penitencarias, Ángel Yuste, ha reconocido que son delincuentes "muy difíciles de condicionar y altamente temibles, con problemas muy graves en la personalidad que hacen muy alta la reincidencia".
Por ello, la presidenta de la asociación de mujeres Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha abogado por informar a las víctimas sobre la ubicación y cambios físicos de sus agresores, entre ellos Pedro Luis Gallego y Pablo García Ribado, conocidos como el 'violador del ascensor' y el 'violador del portal'.
Tanto Prisiones como esta asociación ha admitido que legalmente no es posible un seguimiento de los violadores excarcelados tras la anulación de la doctrina Parot.
Tras la nueva oleada de excarcelaciones producidas ayer, el Gobierno ha entendido hoy "la indignación" de las víctimas "y de todos los ciudadanos".
"Son imágenes y situaciones muy dolorosas que nos remueven a todos", ha reconocido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, en su comparecencia informativa tras el Consejo de Ministros.
El proceso judicial sigue su cauce y la semana que viene el pleno del Tribunal Constitucional revisará la doctrina Parot en un pleno ordinario en el que se ocupará del recurso de amparo presentado por el preso etarra Ignacio Fernández de Larrinoa.
Esta será la primera oportunidad que tenga el Constitucional de cambiar su jurisprudencia sobre este asunto y la decisión que tome será determinante para el futuro del resto de los recursos de amparo presentados ante este tribunal.
También el día 27 el Tribunal Supremo deliberará sobre cinco recursos que tiene pendientes de resolver, todos ellos de presos de ETA.
Al igual que el Gobierno, que ha reiterado hoy su postura contraria a la revocación de la doctrina Parot, uno de sus "padres", el magistrado Javier Gómez Bermudez, la ha defendido al considerarla "justa".
En un debate en San Sebastián con Amaia Izko, la abogada de la etarra Inés del Río, cuyo recurso ante Estrasburgo tumbó la doctrina, el magistrado ha calificado de "impecable" la actuación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de excarcelar a los presos.
Amaia Izko, que es portavoz de Sortu, ha denunciado que la aplicación de la doctrina Parot partió de una decisión política a la que unos tribunales "permeables" dieron "maquillaje político".
Mientras tanto, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha culpado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de propiciar la abolición de la doctrina Parot con el envío al Tribunal de Estrasburgo, tras las conversaciones con ETA, del jurista Luis López Guerra, uno de los magistrados que votaron a favor de la sentencia.
