Pérez Rubalcaba anunció ayer que creará una unidad administrativa que vigilará la ejecución y el cumplimiento de las sentencias relacionadas con terrorismo, para que los reos, una vez cumplida su condena, no eludan el pago de las indemnizaciones a sus víctimas.
La decisión se produce después de que la fiscalía solicitara el embargo de la vivienda del etarra De Juana Chaos, y de que la esposa de otro miembro de la banda, Kandido Aspiazu, se hiciera con el 50% de la cristalería que la justicia exigió subastar para satisfacer el pago a las indemnizaciones. Sin embargo, un reducido número de etarras no pagan porque se declaran insolventes.
