La tregua de ETA está finiquitada, pero la confrontación política que esta desató aún no ha cesado. En ella jugó un papel muy activo la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cuyo presidente, Francisco José Alcaraz, encabezó, de la mano del PP, la campaña de protestas contra al Gobierno por el diálogo con ETA. Secuela de esa agria pugna es la reciente decisión del Ministerio del Interior de fiscalizar las cuentas de las asociaciones de víctimas del terrorismo para averiguar a qué destinan las subvenciones que reciben. La gestión de Alcaraz centra todas las sospechas.

El pasado 14 de mayo, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmó la orden interna 1452/2007 del ministerio, que modifica sensiblemente las bases para "la concesión de subvenciones a las asociaciones vinculadas a la representación y defensa de las víctimas del terrorismo y a las entidades que realicen actividades asistenciales a favor de las mismas". Al amparo de un reglamento del 2006, lo que hace Interior es endurecer los requisitos para acceder a estas ayudas, y también extremar los controles para evitar que se destinen a fines distintos a aquellos para los que son concedidas.

LOS DESTINATARIOS Las modificaciones introducidas en la convocatoria de estas ayudas, aparentemente sutiles, tienen por objeto poner en su sitio a la AVT. Para empezar, Interior subraya cuáles son los objetivos de estas subvenciones: apoyo al movimiento asociativo; asistencia social, psicológica y legal a las víctimas; integración social y laboral de los afectados por el terrorismo; y sensibilización de la opinión pública sobre los efectos de la violencia. Ninguno más.

Para evitar la desviación de esos fondos a otro tipo de actividades, por primera vez Interior obliga a los beneficiarios a presentar una "cuenta justificativa con aportación de informe de auditor" que acredite el buen uso de la subvención. Pero no todos los colectivos deberán someterse a la fiscalización de un auditor de cuentas; solo los que reciban ayudas superiores a 60.000 euros. Es decir, solo la AVT y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo.

"La representación e implantación social y territorial" de cada asociación en el colectivo de víctimas será ahora uno de los ocho baremos básicos para decidir la concesión de ayudas. Lo que obligará a los solicitantes a acreditar su cifra real de afiliados. Así, el Gobierno da satisfacción a los requerimientos de las asociaciones autonómicas de víctimas que hace años se escindieron de la AVT por discrepancias con su gestión y con su acercamiento al PP.