El Ministerio del Interior, que constata "demasiada presencia" de la corrupción en Cataluña, tiene abiertas en toda España 171 investigaciones por casos de este tipo, de las que un 66 por ciento comenzaron con la llegada del PP al Gobierno central.
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso, donde ha dado cuenta de la situación actual de ETA, de las conclusiones del informe de la UDEF sobre supuestos cobros de comisiones por parte de dirigentes catalanes y los proyectos legislativos de su departamento.
Ha querido aprovechar el ministro su intervención para ofrecer datos de los casos de corrupción que están investigando la Policía Nacional y la Guardia Civil, la mayoría de ellos en municipios y provincias, tal y como ha recalcado.
Mientras que la Policía tiene abiertas 59 investigaciones (el 61 por ciento de ellas con el Gobierno de Mariano Rajoy), la Guardia Civil lleva a cabo pesquisas en 122 casos (el 66 por ciento desde enero de 2012).
Pese a que la corrupción no está tipificada en el Código Penal, el ministro ha dicho que los delitos que se están investigando son los que están vinculados a ella, como el cohecho, la malversación de fondos, la prevaricación o el tráfico de influencias.
Solo con los casos de la Policía, 1.110 personas han sido investigadas, el 70 por ciento de nacionalidad española, y 311 han sido detenidas.
Fernández Díaz se ha referido a Cataluña y ha afirmado que se observa "demasiada presencia" de la corrupción en esa comunidad, lo que se refleja en la preocupación ciudadana, si bien ha eludido hablar de casos en particular y solo ha citado el "Mercurio", que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Sabadell (Barcelona), dirigido por el PSC.
"Están aflorando demasiados casos", ha zanjado el titular de Interior.
La comparecencia, que se ha prolongado durante cuatro horas y media, ha servido también para que el ministro diera cuenta de las conclusiones de la investigación abierta por Asuntos Internos de la Policía sobre el supuesto borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre supuestos cobros de comisiones por parte del presidente catalán Artur Mas y el exjefe del Ejecutivo autonómico Jordi Pujol.
Una investigación que no ha determinado ni la autoría del informe ni quién lo filtró, según el ministro, que sí ha reconocido que parte de su contenido "vertebra" parte de las pesquisas en curso, algunas de ellas judicializadas como el caso Palau.
Y sin dejar Cataluña, Fernández Díaz ha anunciado que para evitar casos como el espionaje a políticos catalanes e intervenciones como la de la agencia de detectives Método 3, el Gobierno va a aprobar una nueva ley de seguridad privada que prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.
Toda actividad de los detectives tendrá que estar a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial, según el proyecto que maneja el Ejecutivo, convencido de que todas estas investigaciones privadas tendrán que estar sujetas a "controles" y "cautelas".
Otras normativas que prepara el Gobierno del PP es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que como la privada data de 1992, y que pronto llegará a las Cortes, al igual que las leyes de personal de Guardia Civil y la Policía Nacional, el nuevo reglamento de los centros de estancia temporal de extranjeros y la legislación en materia de protección civil y del derecho de asilo.
Como existen más de 60.000 agentes municipales dependientes de un número considerable de ayuntamientos y de una normativa dispersa, Interior quiere redactar una ley básica de Policía Local para aprovechar "el valor añadido" de esos funcionarios.
De terrorismo también ha hablado el ministro, quien en vísperas de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ante el recurso de España contra la derogación de la denominada "doctrina Parot", Fernández Díaz ha sido tajante y ha alertado de que si se deroga, saldrán libres no solo sanguinarios etarras, sino también Miguel Ricart, uno de los asesinos de las tres niñas de Alcasser.
Se trataría de una decisión que generaría "gran alarma social e indignación", ha reiterado el ministro, quien una vez más ha instado a Amaiur a que exija a ETA su disolución definitiva y la entrega de las armas.
Por parte de la oposición, tanto el PSOE como la Izquierda Plural han expresado su preocupación por la actuación policial en las protestas ciudadanas, CiU ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades por el borrador de la UDEF, UPyD ha reivindicado la ilegalización de Bildu y Sortu y Amaiur ha solicitado al Gobierno que "mueva ficha", salga del "inmovilismo" y acerque a los presos de ETA.
