Años. Esto es lo que puede tardar la reforma del Reglamento del Parlament, vigente desde 1986, si sigue al mismo ritmo el trabajo de la ponencia creada entre los partidos para poner al día las normas internas de la institución. La lentitud es norma de la casa, pero en esta ocasión tiene un motivo añadido: la pretensión de Junts per Catalunya de introducir en esta reforma la posibilidad de que un candidato a president -léase Carles Puigdemont- sea investido a distancia, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado ya sentencia en contra de esta posibilidad.

JxCat acusa al resto de partidos, incluida ERC, de dilatar deliberadamente los trabajos de la ponencia. Tanto es así que no hay reunión a la vista hasta el 20 de septiembre. En las sesiones que se han celebrado hasta ahora solo se han abordado una veintena de artículos. Y el reglamento tiene 251 artículos. A este ritmo, no se acabaría el trabajo de reforma hasta dentro de seis años y medio.

De hecho, cuando se reunió por primera vez esta ponencia de partidos, el 19 de enero, ya le quedó claro a JxCat que no solo Ciutadans, el PSC, el PP y los comuns rechazaban la investidura a distancia de un president, sino que incluso la CUP marcaba distancias y ERC ni lo mencionaba en su intervención inicial. Habló de modernizar y poner al día el reglamento, pero obvió la cuestión espinosa de Puigdemont.

Las posibles innovaciones en las tareas del Parlament JxCat ya se ha resignado a que la investidura a distancia no sea una realidad. Mientras, el Constitucional ha sentenciado que no es posible una investidura a distancia entre otros motivos porque si bien la Constitución o el Estatut no establecen expresamente que el candidato deba comparecer presencialmente para la investidura, «esta exigencia, sin embargo, se encuentra implícita en estas normas, así lo imponen por una parte la naturaleza parlamentaria de este procedimiento y, por otra, la propia configuración del procedimiento de investidura».