Con las manos en la caja. El sumario del caso Gürtel desvela la estrecha relación del jefe de esta red, Francisco Correa, con dirigentes del PP durante el mandato de José María Aznar. También apunta a una posible financiación ilegal del partido conservador en Galicia y en la Comunidad Valenciana y a un trato de favor en Madrid, Castilla y León y Estepona (Málaga). Los 17.000 folios del sumario, un tercio de la investigación, están plagados de documentos que ponen en serios aprietos a los populares, que ayer prefirieron guardar un prudente silencio después de la algarabía del pasado verano, cuando acusaron al Estado de conspirar contra ellos.

El magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), decidió levantar parcialmente el secreto de este sumario el 30 de septiembre. Sin embargo, la parte más jugosa aún no ha sido revelada. Este caso sufrió un vuelco tras la detención del gestor de Correa en Suiza, Gianfranco Fasana, que decidió colaborar estrechamente con la justicia e informó de que su antiguo jefe tenía escondidos en Ginebra más de 10 millones de euros. Su comparecencia permitió al juez descubrir parte de la mecánica de esta red en el extranjero.

DINERO EN EL EXTRANJERO Correa, según consta en el sumario hecho público ayer, "diseñó una estructura de circulación de fondos hacia el exterior que le permitía desvincularlos de su origen ilícito, reintroducirlos de nuevo en España y reinvertirlos en bienes de naturaleza inmobiliaria preferentemente". Por ello, tiene escondido su dinero en Miami, Londres, Amsterdam, las Antillas holandesas, las islas del Canal y Mónaco. La organización que dirigía dispuso de dos brokers y una "persona integrante de una entidad financiera" para manejar los fondos.

La justicia ha logrado identificar a algunos de los políticos que colaboraron con Correa gracias a la información que encontraron en el domicilio del contable, José Luis Izquierdo. La mecánica aparentemente era muy simple: todos ganaban. Correa lograba las adjudicaciones de las administraciones públicas gobernadas por el PP y las cedía a una empresa que le pagaba una comisión, que era repartida entre las personas que habían intervenido en el negocio.

De este modo, no solo compraba voluntades, sino que también lograba su silencio. La trama hizo regalos a más de un centenar de dirigentes del PP por importes que oscilaban entre los 1.000 y los 20.000 euros. En concreto, 17 mandos conservadores cobraron un total de 5,5 millones de euros de la red corrupta en especies y efectivo, entre ellos el senador y tesorero de los conservadores, Luis Bárcenas, que percibió 1,05 millones de euros.

LA LLEGADA DE RAJOY Correa comenzó a trabajar con el PP en la década de los 90. Y negó haber sobornado a cargos del PP. "¿Pagar yo a funcionarios?", fue la respuesta que dio al magistrado Baltasar Garzón --el primer instructor del caso Gürtel -- en su declaración judicial. En esta comparecencia también confesó que sus negocios con los populares terminaron cuando llegó Mariano Rajoy, en el 2004, después de una campaña de descrédito en la prensa. "Salió que yo era el Aznar de turno", explicó al juez de la Audiencia Nacional.

La instrucción judicial deja en evidencia la seguridad con la que operaban Correa y sus secuaces, Pablo Crespo, Alvaro Pérez --más conocido como el Bigotes -- y su primo Antoine Sánchez. Sus conversaciones telefónicas están plagadas de apodos y de palabras malsonantes. Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, es uno de los más mencionados. También hay referencias al fundador del PP, Manuel Fraga; a la esposa y al yerno de Aznar, Ana Botella y Alejandro Agag --que aparece en la caja B--, y al exministro de Fomento Francisco Alvarez Cascos.

Quizá por estas amistades, a Correa le cuesta asumir su situación de preso preventivo en la cárcel madrileña de Soto del Real. Ante Garzón admitió que había cometido "algunas irregularidades", pero no parece que quiera enmendarse. Desde la prisión ha organizado una "estrategia de protección" de su patrimonio y ha tratado de "influir" sobre "las personas responsables de dirigir la instrucción" en el Tribunal Superior de Madrid.

Por ello, según un informe policial, daba órdenes directas a su chófer, Bernabé Nieto, cuando le visitaba en la prisión y al abogado Carlos Pardo. Las comunicaba por escrito y las debían cumplir una relación de personas de confianza y "un responsable político". Lo dicho: el culebrón continuará.