El juez del 'caso Lezo', Manuel García Castellón, ha abierto una nueva pieza en esta causa para investigar el presunto pago "sistemático" de comisiones ilegales por parte de la constructora OHL a distintas administraciones municipales y autonómicas a cambio de adjudicaciones públicas.
Según han confirmado fuentes jurídicas y ha adelantado este jueves 'El Independiente', el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha mantenido en secreto estas pesquisas hasta que el pasado miércoles acordó levantar esa reserva y llamar a declarar a los investigados en esta pieza los próximos 4 y 5 de abril, la mayor parte trabajadores de la constructora.
Según 'El Independiente', se trata de una pieza que se abrió a partir de un "hallazgo casual" cuando, en el marco del 'caso Lezo' -en el que se investiga al expresidente madrileño Ignacio González- se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está ya imputado en esta causa.
Los agentes de la UCO de la Guardia Civil intervinieron conversaciones que habían sido grabadas por un empleado de la empresa sobre el presunto cobro de esas mordidas y los investigadores sospechan que el trabajador conservaba esas cintas "para blindarse ante la propia compañía" en el caso de que las irregularidades fueran detectadas.
PAGO DE COMISIONES ILEGALES
La UCO entregó en octubre un extenso informe al juzgado donde relataba el pago "sistemático" de comisiones ilegales en distintas entidades municipales y autonómicas para obtener contratación pública.
A este respecto, OHL ha emitido un comunicado en el que recuerda que ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción.
Manifiesta además su "absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia, las más exigentes prácticas de Buen Gobierno y el respeto a la ley" y destaca que mantiene "una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta hoy".
Villar Mir está siendo investigado en el 'caso Lezo', entre otros asuntos, por la adjudicación en el 2007 a su constructora del tren de Navalcarnero (Madrid), una operación por la que supuestamente Ignacio González cobró una comisión de 1,4 millones de euros.
