El Gobierno lleva seis meses negociando la ley del suelo con IU-ICV, que comparte la filosofía del texto pero exige más garantías. El anteproyecto establece que la tasación de un solar rústico, ante la expectativa de una futura recalificación, no podrá superar el doble de su valor real, pero permite que este margen se amplíe en el desarrollo reglamentario de la ley. Joan Herrera, portavoz de IU-ICV, pide que el borrador "no desnaturalice el espíritu de la ley".
