La protesta que unos 3.000 guardias civiles uniformados realizaron el 21 de enero pasado en Madrid se está convirtiendo en un nuevo foco de debate político. El diputado de IU en el Parlamento andaluz Antonio Romero estimó "vergonzoso" que los ministerios de Defensa y de Interior hayan "cedido a las presiones" de la cúpula militar para mantener las sanciones a los directivos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Joan Miquel Perpinyá y Juan Antonio Delgado.
En declaraciones a Europa Press, Romero advirtió de que esa actitud "sienta un precedente muy grave". El que fuera durante años portavoz de Defensa de IU en el Congreso pidió al Gobierno que se "sacuda el miedo a las presiones" y conceda a la Guardia Civil sus "derechos", entre ellos el de asociación. Asimismo, reclamó la retirada de los expedientes disciplinarios derivados de la protesta --los dos ya citados y otros 30 que estarían en curso--, porque "no va a haber ningún contagio en el Ejército".
Tras la manifestación, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se reunió con los generales del Ejército y les pidió mano dura contra cualquier brote de indisciplina, según publicó este diario en su edición de ayer. Según informó también ayer El País , ese encuentro se produjo después de que los tenientes generales en activo trasladaran su malestar sobre la manifestación de la AUGC al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Carlos Villar.
Los guardias civiles acusan al Gobierno de "incumplir sus promesas", entre las que citan la desmilitarización del cuerpo, además del derecho de asociación y la eliminación del arresto.
