La muerte de un agricultor en el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería), supuestamente tras una paliza de varios agentes, ha trascendido a la esfera política. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, comparecerá en el Congreso para explicar lo sucedido una vez concluya la investigación interna y se reanude el periodo de sesiones, mientras que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha mostrado su intención de ir a la Comisión de Interior para dar "todos los detalles" de lo ocurrido el 24 de julio.

Estas comparecencias se producen tras la petición de Izquierda Unida, a la que se sumó el PP, al considerar que "llueve sobre mojado" ya que el teniente supuestamente responsable de lo sucedido "ha tenido hechos parecidos y sentencias por malos tratos en otras ocasiones", según subrayó el coordinador general, Gaspar LLamazares, en referencia a otra denuncia por amenaza de muerte y agresiones a un joven realizada en febrero de este año. Sin embargo, el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, subrayó que el teniente "en su expediente personal no tiene nada contrario". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó ayer en Santiago de Chile que la investigación "llegará hasta el final".

ACCIDENTE DE TRAFICO De momento, la juez ha imputado a nueve agentes de la Guardia Civil por el fallecimiento de Juan Martínez Galdeano, un agricultor de 39 años, de 1,90 metros de altura y 107 kilos de peso que será enterrado hoy. El domingo 24 de julio fue al cuartel de Roquetas voluntariamente para prestar declaración por un accidente de tráfico en el que estaba implicado. Según la Guardia Civil, respondió con violencia cuando tuvo que someterse a la prueba de alcoholemia, "tras confesar que llevaba consumiendo droga desde el sábado", por lo que los agentes intentaron reducirle. Según la versión oficial, sufrió dos crisis nerviosas y murió, al parecer por un paro cardíaco.

VERSION FALSA La familia sostiene que al identificar el cadáver 24 horas después, y tras numerosos obstáculos, comprobó que Juan tenía el rostro desfigurado y señales de golpes en todo el cuerpo. Varios testigos, desde fuera del cuartel, escucharon además a Juan gritando "socorro que me matan".

La investigación interna permitió comprobar, a través de la grabación del circuito interno de seguridad, que el teniente J. M. R. agredió al detenido, atado de pies y manos, con una porra eléctrica y otra extensible, consideradas armas no reglamentarias y que, según explicaba ayer el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, se decidió no emplear en España "por su alto riesgo".

El teniente, que fue suspendido cautelarmente a los dos días, alegó que cogió las porras de una incautación anterior para ayudar a sus compañeros porque el detenido les atacó. El abogado de tres de los agentes, que prestaron declaración ayer durante dos horas en el Juzgado de Roquetas declarándose inocentes, aseguraba ayer que "se está exagerando todo" y que los guardias hicieron un uso de la violencia "apropiada a las circunstancias", recalcando que "no hubo un empleo activo de la fuerza". La autopsia, por contra, relaciona la muerte con la agresión sufrida, y detalla hemorragias; hematomas en frente, pómulos y ojos; huellas de presión en el cuello y rotura del esternón, que provocaron la asfixia y el fallecimiento del conductor.