Si el Rey Juan Carlos buscaba a un abogado de prestigio, presente en prácticamente todos los casos judiciales de relevancia, y a la vez considerado distante y de carácter reservado, Javier Sánchez-Junco ha sido una muy buena elección. Según informaba la propia Casa Real en el comunicado en el que Felipe VI renunciaba a la herencia que le pueda corresponder, será este exfiscal Anticorrupción, quien se ocupe de su representación a partir de ahora.
El texto le identifica como la persona que, "en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes". Se trata de una estrategia similar a la que desde hace tiempo ha seguido en Londres su examiga, Corinna Zu Sayun-Wittgenstein, que acudió a un abogado para hacer públicos los comunicados que entiende le pueden ayudar a su derecho de defensa. Robin Rathmell precisamente emitió ayer uno en el que insistía que desde 2018 había tratado de alertar a la Embajada española en Londres y a la propia Casa Real de la "campaña de abuso" que dice sufrir desde ocho años antes, sin que hubiera tomado "medida alguna para remediarlo".
La designación de Sánchez-Junco, del que más se destaca que representó al ministerio público en el juicio Banesto contra su presidente, Mario Conde, parece una apuesta por la solvencia y conocimiento de los tribunales y, en concreto, de la Audiencia Nacional que se presume a todos los que pasaron por ella como jueces o fiscales y que luego abrieron su propio despacho o se incorporaron a otro para ejercer la Abogacía, paso que el abogado del rey en 2001, tras dejar Anticorrupción. De hecho, tanto en Anticorrupción como en la Audiencia Nacional se concentran los dos frentes que le pueden dar más quebraderos de cabeza jurídicos al rey emérito en España.
Derecho Penal-económico
A través de su web, Sánchez-Junco Abogados se define como "una firma especializada en el asesoramiento y la defensa jurídica en el ámbito del Derecho de empresa y del Derecho Penal-Económico". Desde entonces ha estado presente en prácticamente todos los casos económicos de especial relevancia que se siguen en la Audiencia Nacional.
Fue el abogado del exconsejero delegado de BSCH Ángel Corcóstegui en el caso de las jubilaciones millonarias del Santander que acabaron con la absolución del que fue presidente del Santander Emilio Botín, y más recientemente lo es del exdirector de legal del BBVA Eduardo Arbizu, imputado en la pieza relativa a este banco por los encargos que le realizó al excomisario José Manuel Villarejo.
También ha sido el abogado del empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, en distintos procedimientos, como las tarjetas 'black' y las denuncias que se cruzó con la dermatóloga Elisa Pinto. A través del teléfono de López Madrid en estos procedimientos se conoció la relación de amistad que le unía con Felipe VI y Letizia.
