Javier Zaragoza apoya inhabilitar temporalmente a los cargos públicos imputados en procesos judiciales

En declaraciones a los medios en la capital aragonesa antes de participar en una mesa-debate sobre "La corrupción y sus soluciones jurídicas" organizada por la firma de abogados Hispajuris, ha considerado que "lo propio" es articular mecanismos o instrumentos que permitan "apartar" de la política a quien esté sujeto a una imputación judicial.

"Me parece razonable, eso ocurre con otras profesiones dentro de la administración pública", ha agregado Zaragoza.

Asimismo, ha subrayado que para que los casos de corrupción tengan una solución efectiva hay que dejar trabajar a la justicia y que ésta lo haga de manera "rápida, ágil, sin eternizarse, y resolviendo de verdad los procedimientos".

Ha recalcado que son muchas las razones por las que se están "eternizando" procesos que deberían ser más rápidos, entre ellas la gran cantidad de imputados y las dimensiones de los casos de corrupción, y ha estimado que habría que adoptar soluciones para que los casos puedan fraccionarse y llegar a juicio en un tiempo "razonable", ya que "una justicia que llega tarde no es una verdadera justicia".

Las soluciones, ha dicho, están en manos del poder político, pero en su opinión habría que adoptar medidas de naturaleza preventiva y de control de las administraciones públicas.

Además, ha indicado que en el orden penal la respuesta legal quizá no sea siempre suficiente porque "la corrupción también evoluciona y trata de utilizar cualquier resquicio legal para llevar a cabo actos que luego en ocasiones son difíciles de perseguir o de criminalizar o tipificar".

Zaragoza ha admitido que hay "demasiados casos" de corrupción en España y ha indicado que "seguramente aparecerán otros muchos en el futuro".

Por otra parte, preguntado por el escrito de la fiscalía anticorrupción en el que se avisa de que penalmente el "caso Bárcenas" puede quedar en nada, Zaragoza ha rehusado dar su opinión al respecto por su cargo sobre un escrito concreto de un compañero del ministerio público.

También antes de intervenir en el debate, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha indicado, respecto a que los jueces puedan inhabilitar temporalmente a los cargos públicos imputados en procesos judiciales, que "hasta que los políticos que son imputados no dimitan no recuperarán esa confianza que hace tiempo que tienen perdida".

"No tendremos afecto hacia los políticos hasta que no veamos un acto individual suyo de apartar absolutamente la corrupción; la sospecha incluso de corrupción", ha agregado.

Carnicer ha añadido que la corrupción probablemente es tan antigua como el hombre, que es especialmente perniciosa para los regímenes democráticos y que si se permite no se hace otra cosa que "destruir el estado de derecho".

Por su parte, el juez decano de Zaragoza Ángel Dolado, se ha referido al rechazo ayer por el PP y el PAR en el pleno de las Cortes de una proposición de ley presentada por CHA en la que se pedía precisamente que los jueces puedan suspender provisionalmente de cargo público a imputados por delitos castigados con penas de inhabilitación especial.

La diputada del PP Yolanda Vallés argumentó el rechazo a la propuesta en que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha anunciado una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero para Dolado "no tiene ninguna justificación" que la iniciativa no saliera adelante y el PP debería hacerla apoyado "por pura coherencia".

Para Dolado, es necesario que en la instrucción de los casos haya medidas cautelares que impidan la continuidad delictiva de los implicados y ha puesto como ejemplo el caso del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra para quien la fiscalía anticorrupción pide 13 años de prisión por delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

En ese aspecto, se ha preguntado si no habría sido mejor que se le hubiera suspendido provisionalmente de cargo público a que se haya permitido la continuidad delictiva por el sistema "tan garantista que tenemos".

Respecto de las investigaciones de los casos de corrupción, ha indicado que para que no se dilaten en el tiempo que sería necesario que los jueces de instrucción tengan bajo su dirección no solo a la Policía Judicial, sino otros medios auxiliares, como peritos contables, inspectores de hacienda y de trabajo.