El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado hoy que "cuando una fuerza política es legalizada no significa, en absoluto, que tenga impunidad".

"Legalidad no significa impunidad", ha dicho el ministro en rueda de prensa en relación a la investigación sobre las fuentes de financiación de ETA para la manutención de los miembros de la organización en la clandestinidad y si alguna (de esas fuentes) procede de Sortu, Bildu o Amaiur.

Fernández, tras firmar un convenio de colaboración con el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha añadido que "una organización, en la medida que está legalizada, quiere decir que actúa y puede actuar libremente en el marco de la ley, pero con plena sujeción a la ley y no tiene impunidad ni patente de corso para saltarse las leyes", ha subrayado.

Ha dicho que "lo que tiene es certificado de legalidad", lo que supone que puede actuar como una organización legal y cumplir la ley y, en la medida que eventualmente pueda cometer actos u organizar acciones que se salten el ordenamiento legal, se le aplica la ley.

"Espero y confío en que estas organizaciones entiendan lo que acabamos de decir y que legalidad no significa impunidad", ha subrayado, y ha añadido que si cualquier organización o ciudadano se salta las leyes, se le aplican las leyes.

Ha insistido en que la ETA que han padecido y conocido durante décadas el conjunto de los españoles, no solo los vascos, navarros o riojanos, no volverá y ha aludido a que el 20 de octubre de 2011 la banda anunció el cese de su actividad terrorista y la posición política del Gobierno de España es muy clara al decir que "al dejar de actuar le debe acompañar su disolución".

"No tiene sentido que una organización terrorista que afirma que deja definitivamente de actuar siga viva y no entregue su armamento", según Fernández, para quien, "si de verdad está decidida definitivamente a dejar de actuar, lo que tiene que hacer es dejar de existir".

También se ha referido a que si ETA espera que ese tránsito pueda ser fruto o consecuencia de una negociación política con el Gobierno, "puede ir olvidándose, si no se ha olvidado ya de eso".

El Gobierno no baja la guardia ni está en tregua, según el ministro del Interior, quien ha añadido que trabaja para que, "por las buenas o por las malas", ETA asuma que ese cese de actividad debe conllevar la entrega del material que tiene para realizar atentados, su disolución y el desmantelamiento de sus estructuras, que cree que están muy debilitadas, diezmadas y son de carácter básicamente logístico.

Ha confiado en que ETA "interiorice" que ha sido derrotada y que asuma que tiene que disolverse y, "a partir de ahí, el Gobierno, en el marco de la ley y con justicia sabrá gestionar el día después".