NACIMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 10 DE JUNIO DE 1961

ESTUDIOS DOCTOR EN DERECHO Y LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS

TRAYECTORIA ASESOR DE LOS MINISTROS DE JUSTICIA (1990-1993) Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS (1993-1996). DIPUTADO EN EL CONGRESO Y MIEMBRO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PSOE

--La ley de memoria histórica superó el pasado día 14, sin consenso, su primer examen parlamentario. El PSOE pidió en la oposición que se anularan los juicios franquistas y, ya en el Gobierno, prometió una "satisfacción jurídica" a las víctimas. ¿Por qué lo que era posible entonces no lo es ahora?

--La sociedad tiene la madurez democrática necesaria para ofrecer la reparación moral, simbólica y jurídica, en lo posible, que se merecen las víctimas de una dictadura que laminó sus derechos fundamentales. El Gobierno no escatimará esfuerzos en el trámite de la ley para hallar las fórmulas más idóneas de esa reparación.

--Partidos y sindicatos ya han sido recompensados económicamente por las propiedades que les incautaron los franquistas. ¿No es un agravio comparativo que los particulares no reciban idéntico trato por parte del Estado?

--Son problemas diferentes. La ley no es una ley de memoria, como dice el PP, sino de víctimas y de extensión de derechos. La mayor parte de las víctimas quieren restablecer la dignidad de personas que sufrieron. La tramitación de la ley será el espacio oportuno para discutir las reparaciones que procedan en el marco de la seguridad jurídica y el principio de justicia.

--El Código Civil dice que los jueces aplicarán la ley según la "realidad social" del momento. Tras el alto el fuego, ciertas actuaciones judiciales contra el mundo de ETA no han atendido demasiado este principio...

--Las decisiones judiciales se explican por sus fundamentos en derecho. Como jurista me formo opinión, pero como ministro me debo a la contención. Respeto la independencia de los tribunales y denuncio la actitud falsaria del PP, que invoca principios en los que no cree, adula a los tribunales para que hagan lo que cree que conviene a sus intereses y les insulta cuando no lo hacen.

--Ningún proceso de paz ha prosperado sin flexibilidad de la justicia. ¿Puede hacerlo la pacificación de Euskadi?

--Hemos reflexionado mucho sobre la oportunidad de este proceso y sobre experiencias anteriores, y por eso reclamamos la misma confianza de la que han gozado todos los gobiernos democráticos. Este Gobierno ejerce su responsabilidad dentro de las coordenadas fijadas y el respeto a la ley, que no se cambiará. Los terroristas que han conculcado la ley depuran sus cuentas con la justicia, y Batasuna, que ha jaleado la violencia, debe caminar hacia la ley.

--Para volver a la legalidad, ¿la izquierda aberzale debe condenar la violencia o basta con que apueste por las vías democráticas?

--La ley de partidos está en vigor y lo seguirá estando. Ha sido interpretada por el Constitucional. Yo, que contribuí decisivamente a la elaboración de la ley, puedo afirmar que su objeto no era dejar sin representación institucional a los 150.000 vascos que votan a la llamada izquierda aberzale. El objeto de la ley es dejar sin representación política la exaltación, la justificación, la propaganda o la cobertura de la violencia. Queremos que desaparezca la violencia, no un sector de la sociedad vasca, por rechazable que sea su postura. Se trata de que ese sector apueste por la vía democrática para defender sus ideas.

--Insisto: ¿si ETA no depone las armas deberá Batasuna condenar la violencia si quiere legalizarse?

--Evidentemente. Me remito a lo que dicen la ley y el Constitucional: una lista que pretenda dar continuidad fraudulenta a un partido ilegalizado podrá ser ilegalizada. Si la izquierda aberzale quiere obtener representación electoral, sabe lo que tiene que hacer. Entretanto, y como ha hecho otras veces a través de la Abogacía del Estado, el Gobierno ha promovido la ilegalización de todas las listas fraudulentamente sucesoras de Batasuna, y así se hará hasta que acate la ley y desaparezca la violencia.

--Tras la sentencia del Supremo, que avala la legalidad del diálogo con Batasuna, ¿puede haber más reuniones públicas entre los socialistas y los dirigentes aberzales?

--La sentencia recuerda simplemente la frontera entre la dirección política y su responsabilidad, y el control de legalidad que compete a los tribunales. A partir de ahí, todas las actuaciones de los socialistas y del Gobierno solo van dirigidas a favorecer la desaparición definitiva de la violencia y su amenaza.

--El obispo Blázquez vaticina medidas de gracia si ETA abandona las armas. ¿Está de acuerdo?

--Eso decían Aznar y los suyos, que ahora gritan que sería una rendición. La sociedad española debe confiar en sí misma y en el Estado de derecho. Es intolerable que el PP diga que la sociedad está perdiendo la batalla ante ETA, cuando son los etarras los que están acorralados por el Estado de derecho, por la comunidad internacional y la sociedad. Nuestra esperanza es certificar su desaparición definitiva.

--A punto de dejar el ministerio, ¿cómo valora estos dos años?

--No he hecho otra cosa que trabajar para cumplir compromisos: entre ellos, 30 iniciativas legislativas, más de 20 ya en vigor, y una política dirigida a mejorar la justicia, remover barreras de discriminación y reforzar la seguridad en la lucha contra el crimen. La reforma del Código Penal, aprobada el viernes, es otro compromiso cumplido.

--De la reforma penal resalta, entre otros aspectos, la dureza con que persigue los delitos fiscales y la corrupción urbanística.

--Esos son solo algunos de los cambios. La reforma del Código Penal pretende mucho más. Da respuestas adecuadas a nuevas realidades criminales que han aparecido en los últimos tiempos y aporta instrumentos más eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada. Frente al delito fiscal se eleva la pena hasta los seis años para los supuestos más graves, al tiempo que se establecen mecanismos para asegurar que el defraudador pague realmente su deuda. En los delitos urbanísticos, incrementamos las penas conforme a lo que entendemos que es el reproche social que tienen estas conductas.

--¿Quedan leyes en el cajón?

--La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, prevista para principios del 2007. El modelo actual se caracteriza por la proliferación de reformas parciales y la confusión de papeles, lo que produce ineficiencia y lentitud. Eso es lo que queremos ajustar: reforzar la capacidad investigadora del fiscal, como hace el resto de la Unión Europea; delimitar la investigación, la fase intermedia y el juicio oral, y todo ello respetando las garantías constitucionales y los derechos fundamentales.

--¿Será posible renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de las autonómicas?

--Debe serlo, y cuanto antes. Es notorio que, si aún no ha sido renovado, es porque el PP está impidiéndolo. Es una actitud profundamente equivocada que se explica porque los populares ven en el Consejo una prolongación de la mayoría que los españoles les quitaron en el 2004.

--¿El Gobierno descarta nuevas regularización de inmigrantes?

--La regularización fue acertada no solo porque afloró economía sumergida, sino también porque fomenta la integración social de los inmigrantes y el pago de sus impuestos y cotizaciones. Ello no significa que preparemos otra. Serán las Cortes las que deberán decidir la pertinencia de esta medida. El Gobierno está haciendo su trabajo, construyendo una nueva política de inmigración en la Unión Europea, en el conjunto de España y en su relación con Africa.