La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos continúa trayendo cola. Mientras la Iglesia pedía ayer mirar «hacia adelante», la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia calificó de «insólita» la medida adoptada.

A través de un comunicado, el colectivo criticó que el Supremo argumente que si no suspendía la exhumación podría ser «perjudicial» para la familia del dictador, para el interés público o para ambos.

Para esta asociación judicial, el argumento utilizado por el tribunal resulta «incomprensible», puesto que «los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público». Añadió que el Valle de los Caídos «es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura».

Juezas y Jueces para la Democracia también cuestionó que en el auto del alto tribunal se defina a Franco como «jefe de Estado sin otra connotación» y no se tenga en cuenta que la exhumación constituye «una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura». Su indignación contrastaba con la postura de la Iglesia. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, sostuvo que el prior del Valle de los Caídos «aceptará» lo que el TS sentencie, aunque hizo un llamamiento a «mirar hacia delante», a la «superación de la guerra, de los años de la República y los años del franquismo».

Preguntado por si acertó el prior del Valle de los Caídos al negar la entrada a la abadía de Cuelgamuros, a la vista de la decisión del Supremo de paralizar la exhumación, Argüello precisó que si no es posible el diálogo «el criterio ha sido siempre que, los tribunales hablen», zanjó el prelado.