El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que el Departamento de Interior no aportó pruebas suficientes para fundamentar su decisión de prohibir la manifestación del pasado domingo en San Sebastián y por eso acabó por autorizarla. Los jueces achacan a la Administración vasca haber actuado con "notable ligereza". En la manifestación se quemó una bandera española y se dieron vivas a ETA.
El alto tribunal vasco argumenta que Interior no se opuso en el plazo máximo de 72 horas a la manifestación, comunicada por una particular el 30 de julio, en plazo y forma legales. Esa actitud pasiva, añade, equivalía a dar legitimación a la persona convocante y a considerar que no había riesgo de incidentes.
La sala recrimina a Interior que cambiara de opinión tras conocer por la prensa que dos excargos públicos de la ilegal Batasuna se sumaban a la convocatoria. Y añade que "a la Administración correspondía en este caso la carga de acreditar la ilicitud de la manifestación".
La sala se refiere a la prohibición por la Audiencia Nacional de convocar manifestaciones por parte de HB, EH y Batasuna. Resalta que el apoyo de un exconcejal y una parlamentaria se hizo "en su propio nombre" y que la anulación de los partidos citados no priva del derecho de convocar manifestaciones a quienes han sido sus afiliados.
