Sostenella y no enmendalla. El juez Fernando Andreu rechazó ayer cerrar la investigación, que abrió contra el exministro de Defensa de Israel Benjamin Ben-Eliezer y otros seis militares por el asesinato selectivo de un dirigente de Hamás y 14 civiles en Gaza en el 2002, como le reclamó el fiscal. El magistrado sostiene que Israel no ha investigado este hecho, que califica de evidentes crímenes de guerra. La decisión de la justicia española fue recibida en el país hebreo con estupefacción y rechazo. Las pertinentes protestas diplomáticas no se hicieron esperar.

El magistrado justifica su decisión porque, en su opinión, "no ha existido, ni existe, en Israel ningún procedimiento judicial dirigido a la investigación de los hechos denunciados". Andreu sostiene que ni el Tribunal Supremo de Israel ni el fiscal general del Estado ni el fiscal general militar de este país han revisado este caso, al considerar este último, en primera instancia, que "no hay lugar a solicitar una investigación por parte de la policía militar".

El anuncio del juez Andreu volvió a provocar auténtica indignación del Ejecutivo israelí, muy sensible a cualquier injerencia desde el exterior. El actual ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo que se pondrá en contacto con el Gobierno español para pedirle que frene la investigación, aunque anoche, según los portavoces del Ministerio de Exteriores y la Moncloa, esa conversación no se había producido. Fuentes del Ejecutivo recordaron que España es un Estado de derecho y rechazaron comentar la decisión de Andreu.