Los miembros del Equip de Resposta Tàctica (ERT) de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos y en prisión provisional ensayaron con «teléfonos clandestinos» y comunicaciones en clave durante los disturbios organizados el pasado diciembre contra la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona, según la tesis que maneja la Audiencia Nacional.

Así lo expone el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en uno de los autos con los que envió a prisión a los siete miembros de los ERT detenidos el pasado lunes en el marco de la operación Judas, una documentación adelantada por la cadena SER a la que tuvo acceso parcialmente Europa Press.

«Las acciones realizadas por el ERT y documentadas por esta instrucción han dotado de preparación y formación y medios a sus integrantes en cuanto al empleo de teléfonos clandestinos, securización de las comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de walkie talkies», concreta. En este sentido, destaca que habían puesto en práctica esa «formación» en «diversas ocasiones» y menciona expresamente «los disturbios durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre del 2018 o la planificación y el derramamiento de aceite en la C-55 al paso de un convoy escoltado por Guardia Civil» durante el traslado de los presos del procés desde Lledoners hasta Madrid.

De hecho, el juez expone que «en la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlament en el día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional».

El juez entiende que los ERT contaban con una «estructura jerarquizada» y, en este contexto, el auto destaca que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) «asumió y planificó» el «asalto y posterior ocupación» del Parlament que debían ejecutar los detenidos. y que tenían este entre sus planes junto al sabotaje de infraestructuras críticas. «El desarrollo del plan, encomendado por parte del denominado CNI catalán, se habría asumido y planificado por parte del propio ERT», reza el auto.