El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer la captura de 45 militares y un civil cuya extradición reclama el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para poder juzgarlos en España por su presunta participación en delitos de "genocidio" y "terrorismo" cometidos en Argentina durante la última dictadura que sufrió el país, entre los años 1976 y 1983.
"Impartida la orden internacional de detención vigente y constatada, se procede al arresto", explicó Canicoba Corral. Varios de los exuniformados que integran la lista del juez Garzón están siendo procesados en Argentina mientras permanecen bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad. Entre ellos figuran los emblemáticos Jorge Videla y Emilio Massera.
Una vez cumplidas las órdenes de captura, Garzón contará con un plazo de 30 días para pedir formalmente al Gobierno argentino que extradite a los represores. "El trámite durará varios meses, porque después de lo que resuelva el juez habrá apelaciones ante el Tribunal Supremo. En última instancia, es el poder ejecutivo el que decide", aclaró el magistrado argentino.
LABERINTO POLITICO Y JUDICIAL
Más allá del fuerte impacto político que provocó ayer la decisión de Canicoba Corral, la situación no parece tan sencilla. La primera reclamación de Garzón data del mes de diciembre de 1999. En aquella ocasión, el entonces presidente argentino, Fernando de la Rúa, firmó un decreto que bloqueaba toda solicitud internacional de esas características. Ese decreto, el 1581/01, sigue todavía vigente en la actualidad.
Canicoba Corral explicó ayer que de todas formas está en condiciones de avanzar en las "peticiones de arresto provisional" y que no ha hecho más que "cumplir con la ley". Sin embargo, recordó que "ya hubo casos en los que se ordenó la petición de detención y el poder ejecutivo rechazó la medida".
El actual presidente de Argentina, el peronista Néstor Kirchner, ya ha hecho público en varias ocasiones --la última, el pasado miércoles en su visita oficial a Estados Unidos-- su deseo de derogar el llamado decreto De la Rúa para que sea la justicia de su país la que establezca en cada caso si corresponde o no extraditar a los acusados.
PERFECCIONAR LA LEY
El retraso en el esperado anuncio se debe, según explicaron a este diario fuentes oficiales, a que el Gobierno argentino busca perfeccionar la actual ley de extradición. Lo que quiere es que los jueces estudien meticulosamente cada caso y si procede o no el arresto preventivo.
Con esta enmienda, el Ejecutivo de Kirchner pretendía evitar los arrestos masivos, aunque ahora el juez Canicota Corral se le ha adelantado.
Kirchner también ha reiterado su posición favorable a que los delitos cometidos durante la última dictadura argentina puedan ser juzgados. Para que eso suceda, el Tribunal Supremo del país debe declarar primero inconstitucionales las leyes de impunidad que beneficiaron y ampararon a los represores en el año 1987. Tanto la petición del juez Baltasar Garzón como la decisión de Canicota Corral acelerarán ahora los tiempos políticos.
