La maquinaria de la justicia se ha puesto en marcha. Al apreciar indicios racionales de delito, el juez José Sierra decidió ayer investigar la trama de espionaje de Madrid a raíz de la denuncia del Gobierno regional sobre los seguimientos practicados al vicepresidente Ignacio González en viajes oficiales y privados.
La Comunidad de Madrid decidió denunciar el seguimiento de que había sido objeto su vicepresidente en los juzgados de plaza de Castilla después de que el afectado acudiese a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La denuncia explicaba que el número dos de Esperanza Aguirre fue objeto de "distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados", en ocasiones con "cámaras ocultas". Por ello, pedía al juez una investigación, ante la sospecha de que también podían haber sido vigilados "otros altos cargos" de la comunidad.
El instructor ha entendido que este relato "presenta caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Pero, antes de actuar, Sierra quiere que la comunidad aclare si su denuncia es a título institucional o en nombre de González, ya que estas diligencias exigen que el afectado reclame la intervención judicial.
El juez comunicó a la fiscalía esta decisión. Ahora, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, tiene que decidir si le remite su investigación. La fiscalía ha acumulado a la denuncia de González las presentadas por el vicealcalde Manuel Cobo y el diputado regional Alfredo Prada. De momento, ya ha interrogado al periodista de El País Francisco Mercado, autor de las informaciones sobre esta trama de espionaje.
ARENAS: SE VA A SABER TODO Y, al tiempo, avanza también la investigación política, esto es, la que Mariano Rajoy le encargó a su secretaria general. Ayer, María Dolores de Cospedal entrevistó al vicealcalde Cobo, supuestamente víctima de seguimientos. De Cospedal quiere verse también con los responsables de seguridad del Gobierno regional. Se da el caso de que el director de Seguridad de la Consejería de Interior, Sergio Gamón, presuntamente vinculado a esta red de espionaje, es militante del PP.
Al término de esta primera ronda de entrevistas, la dirigente popular remitirá un informe al comité de garantías del partido, encargado de decidir si se abre formalmente una comisión de investigación. "Se va a saber todo", enfatizó ayer ante los periodistas el vicesecretario Javier Arenas. Pero el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, dijo ayer que las contradicciones de Mercado deberían llevar al partido a cerrar la investigación interna.
