Marcha atrás. El juez Fernando Andreu aceptó ayer el desembarco de 13 piratas somalís en Kenia --otro está hospitalizado--, tal como le exigió la fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar un incidente diplomático con la UE, que en febrero acordó que el país africano persiguiera a los bucaneros. Siete piratas fueron detenidos el miércoles por un buque de la Armada española y otros siete cayeron el jueves. Defensa puso en conocimiento del juez Andreu el arresto, pero olvidó informarle de la existencia de la normativa europea. Esa laguna legal fue subsanada un día después por Exteriores. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque el magistrado, ante el cambio de posición de la fiscalía --que en el plazo de 24 horas pidió y revocó su petición de prisión--, dictó un auto en el que ordenaba la puesta en libertad de los piratas "por imperativo legal" y se negaba a su desembarco en Kenia. Defensa interpretó que no podía trasladar a los piratas a Kenia. Paralelamente, la fiscalía recurrió la decisión del juez y el abogado del Estado solicitó la intervención de la sala penal. Mientras, el buque esperaba en el mar.
