El juez del caso Blanco insiste en dar por terminada la investigación policial

"En ese contexto debe entenderse 'la conclusión de la instrucción', esto es, en el sentido de que este instructor considera que el material acopiado en la fase investigadora, ciertamente amplio, es suficiente para efectuar" esas peticiones, destaca Soriano en un auto hecho público hoy.

En esta resolución, fechada el 27 de febrero, el magistrado desestima el recurso del fiscal Manuel Dolz contra la providencia en la que el juez acordaba dar por concluida la investigación una vez hubiera recibido un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) sobre la construcción de una nave en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por parte de un amigo del exministro Jose Blanco, el empresario José Antonio Orozco.

Según el juez, "en ausencia de petición de diligencias por parte del Ministerio Fiscal, de la defensa y del instructor, la aportación de las que se ordenaron a la policía judicial (UDEF) o esta pudo haber practicado (...) son suficientes para que el fiscal y en su caso la defensa soliciten el sobreseimiento de la causa o la petición de suplicatorio por alguno de los hechos investigados".

Sobre si en esta fase de la instrucción era necesario pedir el suplicatorio como entendía el fiscal, Soriano indica que "sólo pudo evitarlo la condescendencia del denunciado que se brindó a prestar testimonio sin tal requisito", el 26 de enero de 2012, lo que asegura es "plenamente acorde" con la doctrina del Tribunal Constitucional y tiene "cobertura legal" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el recurso, que al haber sido rechazado en reforma deberá ser resuelto en apelación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el fiscal señalaba que si el instructor "estima que el estado de las investigaciones permiten pronunciarse ya sobre la procedencia o no de tramitar ese suplicatorio (...) no debería haber dictado la providencia recurrida sino otra por la que se diera traslado" a las partes para pronunciarse "sobre ese extremo".

Además observaba que una providencia no es "la resolución formal adecuada que puede resolver un presupuesto procesal como es la conclusión de una instrucción".

A este respecto, Soriano admite que "es posible que en alguna excepcional ocasión este instructor, siendo procedente el dictado de un auto (..) haya dictado una providencia, incorporando en la misma razones de la decisión, pero no es menos cierto que el fiscal en todo caso ha podido ejercer los recursos pertinentes, como si de un auto se tratara, por lo que jamás se ha producido una indefensión".

"Precisamente la forma de providencia que reviste la resolución, nos permite entender el acuerdo de 'dar por concluida la instrucción', en el contexto en que se dicta" y que es "la terminación de las diligencias encomendadas a la policía judicial".

Respecto a la queja del fiscal sobre una certificación de la secretaria judicial, del pasado 19 de diciembre, Soriano indica que no es el momento procesal de resolver "la base judicial de la actuación policial, y más conociendo el fiscal de ciencia propia que, además de las resoluciones que ordenan expresamente la práctica de diligencias a la Policía, existieron múltiples contactos presenciales y telefónicos entre Policía e instructor, impulsando la investigación, de los que tuvo conocimiento el fiscal".

En la providencia recurrida, el instructor pedía a la UDEF nuevos datos que fueron remitidos el pasado 18 de febrero y, a raíz de estas nuevas pesquisas, el juez emitió el pasado 22 de febrero una providencia en la que accedía a cursar siete de los ocho requerimientos a distintas entidades solicitados por la Policía para hacer averiguaciones sobre la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió Blanco en la localidad madrileña de Las Rozas.

Soriano dio un plazo de tres días para que esos requerimientos, entre ellos a la Agencia Tributaria, fueran contestados y a la Policía le daba otro plazo de dos días para elaborar un nuevo informe, por lo que esta semana debería presentarlo.