El juez instructor del 'caso Imelsa', estimando el criterio de la Fiscalía, cree que existen "indicios racionales" de que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá participó en el blanqueo de capitales por el que está investigado casi todo su entorno. Por eso, el magistrado ofrece a la ahora senadora popular la posibilidad dedeclarar voluntariamente en el marco de la pieza separada que investiga el presunto blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia, delito por el que además ha decidido imputar al Partido Popular.
Antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo, ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora, el juez quiere agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dispongan de la máxima información que les pueda ser de utilidad para "valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas". Además de Barberá, el magistrado también da la oportunidad de declarar al exconcejal Miquel Domínguez, actualmente diputado autonómico por el PP, a quien debería enjuiciar el TSJCV valenciano. El magistrado responde así al escrito presentado por la Fiscalía para que elevara sendas exposiciones Razonadas ante la Sala de lo Penal del Supremo y ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.
El ministerio público entiende que "existen indicios suficientes de la participación" de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular al amparo de los artículos 302.2 del Código Penal y 119 de la ley de enjuiciamiento criminal.
En un auto notificado este lunes, el instructor explica que los escritos presentados por el fiscal "contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición".
20 DÍAS DE PLAZO
De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, Barberá comparecería ante juez y fiscal, asistida por un abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones. El juez le otorga un plazo de 20 días para declarar si lo desean. No será interrogada. Y, alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podría presentar un escrito alegando lo que considere oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos. Según informa el TSJCV, la declaración voluntaria es un trámite que persigue garantizar elderecho de defensa de los aforados.
En otra providencia, el magistrado del 'caso Imelsa' también emplaza al PP a que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por un delito de blanqueo de capitales.
CAUSA COMPLEJA
Además, el juez quiere interrogar de nuevo a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar. Son el relevo de Barberá al frente del grupo municipal popular y actual concejal Alfonso Novo; la exedil María José Alcón(esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el 'caso Nóos'); la exsecretaria del grupo municipal popular Mª Carmen García-Fuster y la secretaria de ésta, María José Pi Palau. Todos ellos, según el magistrado, tenían, al menos indiciariamente, "mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito". Tendrán que declarar de nuevo ante el juez el día 8 de abril.
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha levantado este martes el secreto de sumario que afectaba a esta pieza separada y lo ha prorrogado un mes más, hasta el 14 de abril, para el resto de la causa.
El juez ha pedido además un informe al fiscal para declarar la causa como compleja y ampliar de 6 a 18 meses su investigación de la pieza separada.
