El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata está ampliando la investigación del 'caso Pujol' al puerto de Tarragona y, en concreto, a la adjudicación a la empresa Euroenergo España SL de un parque de almacenamiento de productos petrolíferos y el presunto pago de una comisión a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat. A principios de diciembre, el magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, requirió al secretario del consejo de administración de la autoridad portuaria el acta de la reunión celebrada en septiembre de 1998 en la que se otorgó la concesión a la citada empresa, quién votó a favor y quién en contra de la adjudicación, y la copia de los informes técnicos obrantes en el expediente, concretando los nombres de los que los suscriben, según la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
En agosto del 2016, el togado recibió un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en el que aseguraba que Pujol júnior había recibido en una de sus cuentas en Andorra 9.045.000 pesetas (54.351 euros) el 27 de octubre de 1998 a través del español de origen ucraniano Igor Mozgovoy Morzgova, administrador de la empresa Euroenergo, para que su firma lograra la adjudicación de las instalaciones. Los investigadores también han seguido el rastro de otro pago de 35,3 millones de pesetas de Euroenergo a una constructora. El complejo cuenta con 18 depósitos y tres atraques.
Los agentes precisaban que "el único fin de la transferencia ordenada por Mozgovoy" fueron "concesiones administrativas a las que optaba en el puerto de Tarragona", utilizando para ello a quien ocupaba entonces el puesto director portuario, Lluís Badia Chancho, exsenador de CiU y exdiputado en el Parlament, con el que Pujol júnior tenía una estrecha relación.
LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE
La concesión de este parque de almacenamiento en la planta de hidrocarburos fue concedida el 8 de septiembre de 1998 a Euroenergo, en detrimento de Repsol Petróleo y CLS Terquimsa. Los investigadores sostienen que en esta resolución hay una referencia a la intervención "directa" de Badía, que "realiza la propuesta definitiva de adjudicación". De ahí que el juez De la Mata haya reclamado ahora no solo el acta de aquella reunión, sino todo el expediente e, incluso, cuál fue la propuesta realizada por el "director del puerto al consejo de administración, con expresión de su nombre.
Tras la filtración del informe de la UDEF, Badía negó haber presionado para que Euroenergo se llevase la concesión. "La decisión de adjudicar una concesión a una empresa la toma de forma colegiada el consejo de administración del puerto, donde también está representado Puertos del Estado. Yo no podía interceder de ningún modo. Es una decisión técnica", recalcó. En septiembre del 2017, Igor Mozgovoy, aseguró ante el juez que hizo esa transferencia porque se la recomendó uno de sus asesores, pero que no sabía quién era el destinatario, según las fuentes consultadas en su día por los medios de comunicación.
