El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, ha confirmado que la fianza de tres millones impuesta al expresidente balear, Jaume Matas, ha sido pagada "a través de dos transferencias bancarias, fechadas el 6 de abril, procedentes de sendas cuentas de la Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa de Crédito y del Banco de Valencia.

Según ha precisado el juez, a través de un comunicado difundido a primera hora de la tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), ambas transferencias "ordenadas por Matas" tienen el mismo valor, 1,5 millones de euros, y su destino era la cuenta de Banesto abierta por el juzgado para el pago de la cantidad que permitirá al también exministro de Medio Ambiente eludir la cárcel por su presunta participación en un caso de corrupción.

Concretamente, Castro habilitó esta medida cautelar, que ahora declara "constituida" mediante una providencia emitida hoy, por la supuesta implicación de Jaume Matas en el caso Palma Arena, que investiga la presunta trama de corrupción en torno a la construcción del velódromo palmesano durante la pasada legislatura. Un caso cuya instrucción continúa abierta.

SUPUESTA AMISTAD

Por su parte, desde el Banco de Valencia han señalado que "ni afirmamos ni desmentimos" todo lo relacionado con esa operación, ya que, desde hace 110 años, "no hablamos de nuestros clientes", ha precisado el director de márketing de esta entidad, Jesús Sancho Tello. Respecto a la eventual amistad entre el consejero delegado de la entidad, Domingo Parra, y Matas, "no tengo nada que decir", ha añadido.

A propósito del origen de las transferencias, el abogado de Jaume Matas, Rafael Perera, ha indicado que "me han rogado expresamente que no mencione los nombres de los bancos", lo que se debe a que "estoy constreñido por las instrucciones que he recibido" del expresidente.

Ahora, tras constituir la fianza y después de que se le retirara el pasaporte, Matas ha quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer los 1 y 15 de cada mes en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional. A este respecto, cabe recordar que el político tenía fijada su residencia en Estados Unidos (EE.UU.) durante los últimos años.